La portavoz del Ejecutivo regional, Ana Martínez Vidal, junto al portavoz del Grupo Parlamentario, Juan José Molina, y miembros de la gestora.
La portavoz del Ejecutivo regional, Ana Martínez Vidal, junto al portavoz del Grupo Parlamentario, Juan José Molina, y miembros de la gestora.
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En una comparecencia ante los medios que ha tenido lugar esta mañana en la sede de Ciudadanos, Ana Martínez Vidal, portavoz del Gobierno Regional, ha declarado que no está de acuerdo con el “PIN parental” y que cree que la circular se encuentra fuera de la legalidad y que su apoyo a esta medida obedece a un ejercicio de lealtad institucional y de estabilidad.

Esta duda a cerca de la legalidad del “PIN parental” ha llevado al partido naranja a pedir al consejo de gobierno el informe de los servicios jurídicos de la Comunidad Autónoma con el fin de que se aclare la posible legalidad o no de la instrucción que desde principio de curso envía la Consejería de Edicación  a los centros para que se aplique el “PIN parental”

Hay que recordar que el acuerdo de presupuestos incluye en su primer punto el establecimiento de una autorización expresa por parte de las familias para la participación de los hijos en actividades complementarias, “establecido a tal efecto por la Consejería de Educación, en base a los preceptos consagrados en la Constitución

Martinez Vidal cree que la formación naranja ha actuado como “muro de contención” ante las pretensiones del formación de ultra derecha, que pretendía ir más lejos en la aplicación de las instrucciones, incluyendo un anexo a las mismas por el que el silencio de los padres debía interpretarse como una negativa de estos a que sus hijos recibieran dicha charla complementaria.

Por su parte el portavoz del grupo parlamentario de Ciudadanos en la Asamblea Regional ha declarado en la misma rueda de prensa que “hay que estudiar su posible paralización”, en referencia a estas instrucción, mientras se aclara su posible legalidad y ha incidido en las declaraciones de su compañera de partido, afirmado que al final se ha impuesto el criterio de su formación, bloqueando  la pretensión de VOX de extender dicha autorización a diferentes niveles educativos como a incluir anexos específicos o blindajes normativos.

 

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