mar. Nov 12th, 2019
Miguel Garaulet diputado de Ciudadanos

Miguel Garaulet diputado de Ciudadanos

Ciudadanos refuerza con la Ley de Gobierno Abierto su compromiso con la regeneración y la transparencia

Los candidatos naranjas y la consejera Ballesteros celebran una reunión con el Colegio de Ciencias Políticas el mismo día que se registra en la Asamblea Regional la nueva legislación

“La lucha contra la corrupción ha sido, es y será la verdadera seña de identidad de Ciudadanos”. Así lo ha remarcado el candidato Miguel Garaulet tras la reunión mantenida con el Colegio Oficial de Ciencias Políticas y Sociología de la Región de Murcia, el día en que Ciudadanos ha registrado en la Asamblea Regional el texto de la “más avanzada y ambiciosa ley en materia de transparencia, regeneración, buen gobierno y lucha contra la corrupción”. Garaulet, acompañado de la consejera de Transparencia, Beatriz Ballesteros, y los candidatos José Luis Martínez y Pilar Muñoz han mantenido una reunión de trabajo con los responsables colegiales, en la que han mostrado los principales activos de la proposición de Ley de Gobierno Abierto, Integridad Pública y Lucha contra la Corrupción.

“Hemos dado numerosos ejemplos de ese compromiso por la regeneración y contra la corrupción en una región como la nuestra duramente sacudida por los escándalos”, ha destacado Garaulet, quien ha recordado que “Ciudadanos llegó a la política para esto: para limpiar las instituciones de imputados y expulsar de la vida pública a los corruptos”. A su juicio, el texto normativo -que incluye un centenar de artículos- “incide sobre todo en tres grandes ejes, que son el Gobierno Abierto, el Estatuto del Alto Cargo y el Sistema de Integridad Institucional”.

Aun así, a su juicio, “hay mucho trabajo pendiente y tenemos que buscar el máximo consenso en el debate parlamentario por parte de las fuerzas políticas que estén por este objetivo de lograr transparencia y regeneración y devolver la dignidad al servicio público a través de la política”. La proposición de ley regula los procesos de participación ciudadana, así como medidas de lucha contra la corrupción como la protección a los alertadores de conductas irregulares, especialmente los funcionarios, así como la regulación de los grupos de presión y ‘lobbies’. También incluye la obligatoriedad de que los altos cargos informen sobre su situación patrimonial tanto al iniciar como al finalizar su mandato. También se eliminan los tratamientos de ‘excelentísimo’ e ‘ilustrísimo’ de dichos altos cargos y se atribuye personalidad jurídica al Consejo de la Transparencia, del que no podrán formar parte los que hubieran estado afiliados a algún partido político en los 10 años anteriores.

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