Presentación nueva maquinaria Lhicarsa
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Tras hacerse público que FCC, la empresa que tiene la concesión de los servicios de limpieza viaria y tratamiento de residuos, ha hecho una oferta al Ayuntamiento para extender y/o modificar el contrato, cuya duración es hasta 2030, la coalición de Podemos, IU y Equo en Cartagena ha avanzado que preguntará en el próximo Pleno al respecto sobre el contenido de la oferta en cuestión y cuál es la postura del Gobierno.

Pilar Marcos, portavoz del grupo municipal, ha señalado que “Se trata ni más ni menos que de un nuevo globo sonda pactado entre Gobierno y empresa. FCC lleva décadas con el negocio de la basura y la limpieza de calles… Un negocio que ha sido redondo solo para la contrata, pues encabezamos el ranking de los ayuntamientos que más pagan y a cambio tenemos las calles sucias, bajas tasas de reciclaje, falta de inversiones, malas prácticas, una deuda que crece año tras año y un vertedero con los suelos contaminados y colmatado antes de tiempo. A todas luces se trata de una gran estafa al pueblo de Cartagena, que el Gobierno de PP y Castejón pretenden seguir perpetrando hasta el año 2030”.

La edil ha calificado el servicio que presta la concesionaria de “pésimo, tanto que hasta el propio Gobierno lo ha tenido que reconocer en varias ocasiones, pese a no haber hecho absolutamente nada para remediar la situación. Únicamente anuncian ‘planes de choque’ de limpieza de calles que casualmente se ponen en marcha antes de las elecciones y desaparecen mágicamente tras los comicios”. 

Marcos ha continuado explicando que desde su grupo se oponen “de manera tajante a cualquier prórroga o modificación de las condiciones del servicio, pues estamos hablando de un contrato que ya de por sí es leonino, que endeuda año tras año al Ayuntamiento, y que ha sufrido tantos cambios a favor de la empresa que hemos pasado de pagar 8 millones de euros en 1995 a los más de 36 que nos cuesta ahora. Una auténtica orgía millonaria, que nos pone a la cabeza del ranking de Ayuntamientos que más pagan por los servicios públicos”.

Desde la coalición han detallado “más irregularidades que han salido a la luz en esta y en la anterior legislatura”: “Hay informes municipales alertando de la falta de personal y de inversiones que no se realizaron, de prácticas que atentan contra la salud como el uso indebido de las sopladoras, de delitos como la contaminación del vertedero (que sigue sin aclararse), de la colmatación prematura de los vasos debido a que no se recicla como se debe, de ingresos por los subproductos que al parecer la empresa se ha quedado indebidamente… La guinda del pastel es el expediente sancionador de la CARM a LHICARSA por incumplimientos en Mina Regente.”

Marcos ha subrayado que este Gobierno, al igual que el anterior, “rechazó muchas veces las Comisiones de Investigación del Servicio para controlar uno por uno todos estos incumplimientos, y en su lugar prefiere seguir metiendo en los cajones las denuncias de los técnicos y las quejas vecinales. Pero lo más grave, si cabe, es que no conformes con los más de 36 millones que FCC se lleva año tras año, ahora pretenden congraciar a la empresa con nuevos y jugosos beneficios, en lugar de exigirle que preste un buen servicio y que cumpla con las inversiones que debe realizar por contrato”.

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Desde la coalición han finalizado subrayando que el Ayuntamiento “debiera haber rescindido hace tiempo el contrato por numerosos y graves incumplimientos, pero ni siquiera ha abierto un mísero expediente sancionador”. “Nuestra propuesta -concluyen- es la de terminar cuanto antes con esta estafa y recuperar el servicio, gestionarlo directamente desde lo público, garantizando la continuidad de la plantilla de trabajadores, mejorando las prestaciones, actuando con la máxima transparencia y ahorrando muchos millones al conjunto del pueblo de Cartagena (comenzando por el IVA y el beneficio industrial). Este ahorro nos permitiría liberar dinero que podría ser destinado ya mismo a realizar las inversiones que tanta falta hacen en el municipio”.

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