Agentes de la Policía Nacional han detenido en Murcia a un empresario que presuntamente explotaba laboralmente a ciudadanos extranjeros en el sector agrícola. La Policía siguió la pista de la actividad criminal de esta persona, concretando las largas jornadas abusivas a las que eran sometidos sus trabajadores por un salario ínfimo y en unas condiciones laborales de insalubridad.


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Trabajaban 12 horas al día y su salario dependía de la situación legal en la que estuvieran en el país. Un salario que percibían de manera quincenal y rondaba los 150 euros, siempre y cuando cumplieran con los objetivos que había marcado el explotador. Lo habitual era que sus empleados y víctimas fueran engañados justificando que no habían llegado al límite de la cantidad de trabajo realizado.

Tenían que pedir permiso hasta para ir al baño

Los trabajadores estaban controlados en todo momento. Según pudieron comprobar los investigadores de la Policía Nacional los empleados tenían que pedir permiso incluso para ir al baño. Un baño que se encontraba en unas condiciones deplorables, incumpliendo hasta las más mínimas medidas de seguridad sanitaria.

Además, según las declaraciones de varias de las víctimas explotadas, el detenido les obligaba a trabajar a pesar de sufrir lesiones durante su jornada laboral. Era habitual sufrir cortes con cuchillos y, según la gravedad de la herida, o se la vendaba y continuaba su jornada laboral o se marchaba a casa sin percibir salario alguno.

Desplazamientos hacinados a pesar de la pandemia

El detenido se ocupaba de mover de un sitio a otro a sus trabajadores. Para ello utilizaba una furgoneta para el transporte de mercancías, un vehículo que no tenía ni asientos traseros ni cinturones de seguridad, incumpliendo así, una vez más, todas las medidas y recomendaciones sanitarias para evitar la propagación del COVID.

La Policía Nacional detuvo a esta persona in fraganti cuando transportaba a 7 de sus trabajadores el pasado día 13 enero, pero la investigación concretó que en ocasiones metía en su interior hasta a 13 personas. El arrestado, un hombre de 53 años de edad, fue puesto a disposición judicial como presunto autor de un delito contra el derecho de los trabajadores, favorecimiento a la inmigración irregular y tráfico ilegal de mano de obra.

La investigación de la Policía consiguió también que la autoridad judicial ordenara el cierre cautelar de las dos naves industriales de la empresa y el bloqueo de la cuenta del arrestado.

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