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El diputado y presidente de la Asamblea Regional, Alberto Castillo, registró ayer una demanda civil exigiendo la nulidad del proceso sancionador por el que la Comisión de Régimen Disciplinario de Ciudadanos decretó su expulsión de la formación el pasado 14 de mayo. El escrito -de 32 folios más 17 documentos anexos- esgrime como motivos para la impugnación de la decisión de la formación la “vulneración de derechos fundamentales”, como el de la participación en los asuntos públicos y el de libertad de asociación política. Asimismo, también considera que el procedimiento sancionador vulneró tanto los estatutos como el propio régimen disciplinario de la formación como las leyes de Derecho de Asociación y de Partidos Políticos.

Castillo, al que representa el letrado Evaristo Llanos, argumenta en el escrito que previamente a la votación de la moción de censura del pasado mes de marzo, “no había recibido instrucción expresa de tipo alguno de que tuviese que emitir un voto favorable” a la misma. Sobre la reunión del grupo parlamentario para elegir nuevo portavoz, el presidente del Legislativo explica que tampoco recibió instrucciones por parte de la formación más allá de que su voto no implicara el paso de ningún diputado al grupo mixto.

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