La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, durante la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros, junto a la ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, y la ministra de Justicia, Pilar Llop.
La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, durante la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros, junto a la ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, y la ministra de Justicia, Pilar Llop.
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El Consejo de Ministros ha aprobado transferir este año 947,5 millones de euros del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia a las comunidades autónomas, Ceuta y Melilla para financiar sus inversiones directas en digitalización del transporte autonómico, transformación de la movilidad, reducción de las emisiones y mitigación del ruido. La propuesta de distribución territorial de estas ayudas deberá ratificarse en la Conferencia Nacional de Transporte.

La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma), Raquel Sánchez, ha afirmado que el objetivo es «dar un impulso sin precedentes al transporte público y a la movilidad activa como alternativa al uso del vehículo privado» y, así, mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero -el 30% se produce como consecuencia de la movilidad- y de gases contaminantes derivados del transporte, que se concentran especialmente en entornos urbanos.

La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez
Foto: Pool Moncloa/Borja Puig de la Bellacasa

De la cantidad total aprobada, 900 millones se destinarán a proyectos que mitiguen estas emisiones, supongan una mejora en la calidad del aire y rebajen el ruido y la siniestralidad, especialmente en municipios de más de 50.000 habitantes, aunque también podrán ser elegibles actuaciones en municipios colindantes o cercanos cuando al menos uno de ellos tenga una población superior a 20.000 habitantes, y en islas con más de 20.000 habitantes que dispongan de servicios de transporte terrestre.

La ministra ha puesto como ejemplo de proyectos subvencionables la mejora de la accesibilidad, la construcción de aparcamientos disuasorios, la digitalización de estaciones de autobús o el desarrollo de itinerarios peatonales o ciclistas.

Respecto a los 47,5 millones de euros restantes, se dirigirán a actuaciones de digitalización de las comunidades en materia de transporte autonómico, como los sistemas de gestión de transporte a demanda o soluciones de pago integradas en relación con el transporte de mercancías y de viajeros por carretera o ferrocarril de su competencia. Esta línea recibirá, ha adelantado Sánchez, otros 60 millones el próximo año.

En total, las comunidades autónomas, Ceuta y Melilla van a recibir por parte del Mitma 6.420 millones de euros en transferencias del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, de los que 1.520 millones se destinarán para movilidad sostenible, 3.420 millones para rehabilitación residencial, 1.000 millones para la construcción de 20.000 viviendas en alquiler asequible y otros 480 millones para rehabilitación de edificios públicos.

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Servicio público de Justicia digital y universal

El Consejo de Ministros ha presentado el anteproyecto de Ley de Eficiencia Digital del Servicio Público de Justicia. La norma persigue la transformación transversal de la Administración de Justicia, con independencia del ámbito territorial o del orden jurisdiccional en el que actúe, mediante la utilización de las tecnologías de la información y con plenas garantías jurídicas.

La ministra de Justicia, Pilar Llop, ha explicado que la futura ley se enmarca, junto con la Ley de Eficiencia procesal y la Ley de Eficiencia Organizativa, en el Plan de Justicia 2030, cuyo objetivo es «lograr una justicia más eficiente, sostenible y accesible». Además, ha avanzado que su departamento transferirá a las comunidades autónomas 410 millones de euros de los Fondos Next Generation de la Unión Europea para impulsar el proyecto

Llop ha mantenido que la futura Ley de Eficiencia Digital establece el marco jurídico que facilita y promueve la digitalización en el ámbito de la Administración de Justicia para que ese servicio público sea universal. Con este fin, la norma contempla reformas estructurales, como la consolidación de las vistas y comparecencias telemáticas, procedimiento iniciado durante la pandemia de COVID-19.

Al respecto, la ministra ha indicado que desde que se declaró la pandemia se han celebrado más de 590.000 juicios telemáticos, que han supuesto un ahorro de más de 12 millones de euros en desplazamientos, y han evitado la emisión de más de 5.800 toneladas de CO2 a la atmósfera. Además, Llop afirmado que en este periodo se han cerrado brechas territoriales, dada la accesibilidad al servicio desde cualquier punto del territorio, y brechas de género, porque las víctimas han accedido en condiciones de mayor protección.

La ministra de Justicia, Pilar Llop
Foto: Pool Moncloa/Borja Puig de la Bellacasa

Pilar Llop ha detallado que la norma contempla el despliegue de una red de oficinas de Justicia municipales, donde ahora están ubicados los Juzgados de Paz, que permitirán que cualquier ciudadano pueda acceder de un modo sencillo y con todos los medios digitales necesarios para hacer sus trámites en los juzgados.

La futura ley establece la obligación de que todas las administraciones competentes en materia de justicia «garanticen la prestación de este servicio público con criterios de calidad y accesibilidad a toda la ciudadanía en todo el territorio del Estado», ha remarcado la ministra. Además, pretende situar la Administración de Justicia española a la vanguardia del empleo de las tecnologías de la información en la Unión Europea.

A juicio de la titular de Justicia, «con esta norma se avanza en cohesión social y en cohesión territorial, a través de la cohesión digital».

La ministra ha anticipado que en todos los juzgados y tribunales de España se implantará el Expediente Digital Electrónico; la intermediación judicial se podrá realizar a través de videoconferencia y se facilitará la prestación de los servicios notariales y registrales sin necesidad de presencia física. La norma también fortalecerá la interoperabilidad de los sistemas existentes mediante el intercambio de expedientes y documentos electrónicos entre órganos judiciales o fiscales.

Inclusión de los menores no acompañados y jóvenes extutelados

La ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez
Foto: Pool Moncloa/Borja Puig de la Bellacasa

El Gobierno ha reformado el Reglamento de Extranjería para favorecer la integración de los menores no acompañados y la de los jóvenes extutelados y evitar que se queden en situación irregular al cumplir la mayoría de edad.

Actualmente, los adolescentes se enfrentan a una serie de trámites que, en la práctica, les dificultan trabajar y acceder a la independencia económica, clave para su inclusión social tras su estancia en los centros de acogida.

La ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha explicado modificación del Reglamento había sido muy demandada por las comunidades autónomas, que son las que gestionan la tutela, inclusión y formación de estos menores.

Esta reforma beneficiará a 8.000 menores no acompañados y, con carácter retroactivo, a 7.000 jóvenes que ahora tienen entre 18 y 23 años. Los cambios principales son la flexibilización de los procedimientos administrativos y la creación un régimen jurídico propio para los jóvenes extutelados con la incorporación del Ingreso Mínimo Vital como índice de referencia para acreditar medios propios.

Modernización del sector agroalimentario

El Ejecutivo ha autorizado la distribución territorial entre las comunidades autónomas de los primeros 115,3 millones de euros de ayudas a proyectos de transformación ambiental y digital del sector agroalimentario y pesquero en el ámbito del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. El reparto se concretará en una próxima Conferencia Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural.

Isabel Rodríguez ha subrayado la importancia de la agricultura para el desarrollo económico de España y la mejora que supondrán estos fondos para el sector la inversión. La partida más cuantiosa, que suma 102,7 millones de euros, está destinada a apoyar la agricultura de precisión, la eficiencia energética y la economía circular en el sector agrícola y ganadero. Los restantes 12,6 millones se dirigen a financiar proyectos de bioseguridad en el ámbito de la sanidad animal y vegetal.

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