La ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, y la ministra de Ciencia e Innovación, Diana Morant, durante su intervención en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.
La ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, y la ministra de Ciencia e Innovación, Diana Morant, durante su intervención en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.
Publicidad

El Consejo de Ministros ha presentado el Anteproyecto de Ley de Prevención de las Pérdidas y el Desperdicio Alimentario, concebido para lograr una drástica reducción del desecho de alimentos sin consumir que acaba en la basura y fomentar su aprovechamiento.

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha señalado en la rueda de prensa posterior a la reunión del Ejecutivo que España es el tercer país de la Unión Europea que va a legislar en materia de despilfarro alimentario, tras Francia e Italia, si bien lleva años haciendo campañas que apuestan por una alimentación sana, segura, sostenible y a buen precio.

Planas ha indicado que los hogares españoles tiraron a la basura más de 1.300 millones de kilos de alimentos sin consumir, una media de 31 kilos por persona. Ante estos datos, el ministro ha explicado que la futura ley trata de atajar un triple desperdicio: económico, medioambiental y moral.

Tirar alimentos, ha argumentado el ministro, supone desperdiciar el trabajo de agricultores y ganaderos, los medios naturales empleados para producirlos, el suelo, el agua, y olvidarnos de las emisiones a la atmosfera generadas en su producción y de las más de 800 millones de personas que pasan hambre en el mundo. «No hay producto alimentario más caro que aquel que acaba en la basura», ha subrayado.

Jerarquía de prioridades de uso

Luis Planas durante su intervención en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros
Foto: Pool Moncloa/Borja Puig de la Bellacasa

La norma promueve actuaciones para evitar la pérdida de alimentos en toda la cadena alimentaria, desde la cosecha hasta el consumo, y plantea una jerarquía donde se prioriza la alimentación humana.

El ministro ha indicado que tanto los alimentos que se aproximan a la fecha de caducidad como a la de consumo preferente indicada en la etiqueta pueden venderse, adquirirse y consumirse y no deben terminar en la basura. La primera prioridad es que se donen a organizaciones sin ánimo de lucro o bancos de alimentos para que los consuman las personas que los necesiten.

Publicidad

Los alimentos que no se vendan y que estén en condiciones óptimas de consumo tendrán que transformarse en otros, como zumos, mermeladas o cremas. Cuando no sean aptos para el consumo humano, se plantea la posibilidad de que se usen como subproducto de la alimentación animal o fabricación de piensos, para la industria, para la obtención de compostaje o para la obtención de biogás u otro tipo de combustible.

Obligaciones de los agentes de la cadena alimentaria

Luis Planas ha apuntado que hay productos con fecha de consumo preferente vencida, como el aceite de oliva virgen, que siguen siendo consumibles. Estos artículos deberán presentarse al consumidor de forma separada y claramente diferenciados del resto, con precios inferiores, o destinarse a la donación.

Los establecimientos de hostelería, como bares y restaurantes, tendrán que ofrecer a sus clientes la posibilidad de que se lleven, sin coste adicional, lo que no hayan consumido en el local.

Las tiendas con una superficie superior a los 400 metros cuadrados, tendrán que habilitar un lugar para colocar los productos que estén en condiciones perfectas para el consumo, pero que tengan mala apariencia. El ministro ha puesto como ejemplo que hay frutas o verduras con mala presentación, pero que son consumibles.

Asimismo, la futura ley contempla incentivar la venta de alimentos de temporada, de proximidad, ecológicos y a granel.

522 millones de euros en ayudas a proyectos de investigación y contratos predoctorales

La ministra de Ciencia e Innovación, Diana Morant, ha explicado que el Gobierno ha aprobado un total de 522 millones de euros para dos de las convocatorias más importantes del Plan Estatal de Investigación Científica, Técnica y de Innovación 2021-2023, a las que sumarán otras en las próximas semanas.

Ayudas a proyectos de generación del conocimiento

Diana Morant durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros
Foto: Pool Moncloa/Borja Puig de la Bellacasa

Diana Morant ha concretado que se convocan los proyectos de generación de conocimiento, que contarán con una dotación presupuestaria de 412 millones de euros.

Los beneficiarios de esta convocatoria, que se enmarca en el Programa Estatal para impulsar la Investigación Científico-Técnica y su Transferencia, son las universidades, organismos públicos de investigación, centros públicos y privados (sin ánimo de lucro) de Investigación y Desarrollo.

La ministra ha manifestado que «por segundo año consecutivo, la comunidad científica vuelve a contar con una potente vía de financiación para generar conocimiento y soluciones específicas que mejoren la vida de las personas, la economía del país y resuelvan los retos urgentes de la próxima década».

Las ayudas financiarán proyectos de investigación orientada, que tienen como finalidad la resolución de problemas concretos. Morant ha resaltado que aportarán soluciones específicas para «los desafíos sociales, medioambientales y económicos de nuestro país, que ha de caminar hacia un futuro más verde, igualitario, digital y cohesionado».

Por otra parte, la convocatoria financiará proyectos de investigación no orientada, que tienen como objeto avanzar en el conocimiento, con independencia del horizonte temporal y su ámbito de aplicación. La ministra ha puesto como ejemplo que la ciencia crea modelos que nos han permitido predecir la erupción del volcán de La Palma.

Los proyectos tendrán una duración de tres o cuatro años y podrán incorporar a los equipos a investigadores que empiezan su carrera científica. «Queremos crear más oportunidades de contratación para nuestros jóvenes en el momento en el que lo tienen más difícil, que es el del inicio de su trayectoria investigadora», ha remarcado la ministra.

Convocatoria de contratos predoctorales

El Gobierno ha autorizado a la Agencia Estatal de Investigación la convocatoria anticipada, correspondiente al año 2021, de las ayudas para contratos predoctorales para la formación de doctores contemplada en el Subprograma Estatal de Formación del Programa Estatal para Desarrollar, Atraer y Retener Talento, por importe de 110 millones de euros.

La ministra ha precisado que la convocatoria permitirá contratar a 1.100 investigadores en los próximos cuatro años, que realizarán sus tesis doctorales en proyectos de investigación de grupos con solvencia científica y académica pertenecientes a universidades, organismos públicos de investigación y otros centros privados sin ánimo de lucro. El objetivo del Gobierno, ha afirmado, es «retener nuestro talento, que el país se alimente del talento de nuestros jóvenes y no se tengan que ir al extranjero en busca de oportunidades».

Esta convocatoria también contempla ayudas adicionales de 6.860 euros por cada investigador contratado, que se podrán destinar a financiar estancias que realicen en centros de I+D diferentes a los que estén adscritos y a los gastos de matrícula derivados de las enseñanzas de doctorado.

Diana Morant ha recordado que desde que Pedro Sánchez dirige el Gobierno, el salario de estos investigadores predoctorales ha subido un 12%, gracias a la aprobación del Estatuto del Personal Investigador Predoctoral en Formación.

La ministra también ha destacado que su departamento contará con 3.843 millones de euros para 2022: «Esto supone haber duplicado en solo dos años el presupuesto en Ciencia e Innovación, o lo que es lo mismo, contar con un 100% de presupuesto superior al año 2020».

Levantamiento de restricciones a acompañantes en aeropuertos

Rodríguez, Morant y Planas
Foto: Pool Moncloa/Borja Puig de la Bellacasa

El Gobierno ha acordado suprimir los límites de acceso a los aeropuertos, en línea con las decisiones adoptadas por la red de terminales europeas.

A partir de ahora, los acompañantes podrán entrar en las terminales, aunque en momentos de gran afluencia se podrán fijar limitaciones para evitar grandes aglomeraciones. Siguen siendo de obligado cumplimiento las normas higiénicas contra la COVID-19, como el uso de las mascarillas.

A juicio de la portavoz, la medida supone la recuperación de la normalidad «en los afectos y en las relaciones personales y familiares», y se adopta gracias al buen resultado de las medidas del Gobierno y del proceso de vacunación.

La decisión adoptada hoy será publicada este próximo jueves en el Boletín Oficial del Estado y entrará en vigor al día siguiente, viernes 15 de octubre.

Las restricciones de acceso a las terminales, que ahora se levantan, se adoptaron en julio de 2020 y solo permitían la entrada a los pasajeros con un billete en las 6 horas anteriores al vuelo o a acompañantes de menores o personas con movilidad reducida.

Mejora de la Red de Vigilancia de Salud Pública

Isabel Rodríguez durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros
Foto: Pool Moncloa/Borja Puig de la Bellacasa

El Consejo de Ministros ha autorizado la propuesta de distribución territorial, para el ejercicio presupuestario 2021, de créditos gestionados por las comunidades autónomas para el sistema de la Red de Vigilancia de Salud Pública por importe de 13 millones de euros, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR).

La ministra de Política Territorial y Portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha señalado que la pandemia y la manera de afrontarla y de dar respuesta a la crisis sanitaria en España han puesto en evidencia aquellos ámbitos en los que era mejorable el sistema público de salud. «Es un claro ejemplo de la disposición del Gobierno para mejorar y modernizar la sanidad pública complementando la financiación para las comunidades autónomas», ha añadido.

El PRTR de la Unión Europea contempla la Componente 18: Renovación y ampliación de las capacidades del Sistema Nacional de la Salud, que tiene entre sus objetivos preparar al sistema para prevenir y afrontar posibles amenazas sanitarias globales como la derivada del COVID-19 e incrementar las capacidades de salud pública y los sistemas de vigilancia epidemiológica. Dentro de este componente destaca la inversión C18.I3: aumento de capacidades de respuesta ante crisis sanitarias, que incluye el fortalecimiento de las capacidades de vigilancia, mediante la creación de un nuevo sistema de información de la Red de Vigilancia en Salud Pública, a nivel central y autonómico, que permitirá ampliar, mejorar e integrar los sistemas de información de enfermedades transmisibles y no transmisibles existentes en España.

La dotación presupuestaria global para el nuevo sistema de Red asciende a 27.400.000 euros, para la inversión estatal y autonómica.

La distribución del crédito presupuestario del ejercicio 2021 es de 13 millones de euros para las comunidades autónomas y Ciudades con Estatuto de Autonomía, y se realizará conforme a estos criterios objetivos: 40% de manera lineal, aplicando un importe mínimo para cada comunidad autónoma y Ceuta y Melilla; 60% distribuido por criterios poblacionales, según cifras oficiales de población de la revisión del Padrón municipal referidas a 1 de enero de 2020.

Publicidad

Dejar respuesta

Please enter your comment!
Please enter your name here

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.