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Diego Conesa insta al Gobierno regional a que acepte las enmiendas a los presupuestos relacionadas con este asunto, ya que recogen las necesidades que la pandemia ha puesto de manifiesto
“Sería incomprensible que, en el año que la Región va recibir más ingresos del Gobierno de España, y de Europa, no se invierta más en la atención psicológica de los trastornos mentales”


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El PSRM ha propuesto un paquete de ocho medidas urgentes para afrontar un Plan de Choque en Salud Mental, con una inversión total de 2,8 millones de euros que, aunque no responde a todas las necesidades, sí contempla las más urgentes que plantean los profesionales y las asociaciones de familiares y usuarios.
Así lo ha anunciado el secretario general del PSRM y portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Diego Conesa, tras mantener una reunión, junto al diputado regional José Antonio Peñalver, con las organizaciones interesadas en este plan de choque.
Diego Conesa ha señalado que la Sociedad Española de Pediatría anunciaba ayer un aumento de hasta un 50 por ciento los ingresos psiquiátricos en niños y adolescentes, y ha destacado que la pandemia ha hecho mella sobre la salud mental de la población, especialmente, entre los más jóvenes. Así lo demuestran también los datos del CIS.
“La depresión y la ansiedad son problemas del ahora y un gran número de personas sienten la necesidad de consultar con un psicólogo. Sin embargo, el Gobierno regional no ha adoptado las medidas para afrontar esta realidad, incluso ha rechazado aplicarlas”, ha denunciado.
El líder socialista ha recordado que en enero de este año el Gobierno de López Miras ignoró la participación en un proyecto de prevención e intervención en la salud emocional de niños y jóvenes entre 12 y 18 años y en los padres, una iniciativa financiada íntegramente por el Ministerio de Ciencia e Innovación.
“La Consejería de Educación ni contestó al ofrecimiento de las universidades que le presentaron el proyecto, totalmente gratuito. Y el Gobierno regional tampoco ha cumplido el dictamen aprobado en la Comisión de Reactivación de la Asamblea, en el que se pedía la adaptación del Programa de Impulso y mejora de la salud mental a la nueva realidad generada por la pandemia. Además, han recortado acciones que se venían realizando, como las ayudas a la contratación de personas con enfermedad mental en recuperación”, ha añadido.
Las ocho medidas concretas que propone el PSRM son:
– Reforzar los 15 centros de salud mental de la Región con una plaza de psicología clínica, cuyo profesional trabaje en colaboración con Atención Primaria.
– Siguiendo el mandato de la Asamblea, proponemos que se ponga en marcha el Plan de Prevención del Suicidio que fue aprobado por unanimidad.
– La aprobación de un Plan de Adicciones. Se hace más necesario que nunca aplicar una línea de actuación urgente frente a las ludopatías, que están aumentando en nuestra Región, en la que se multiplica por más de 10 el número de casas de apuestas y salones de juego con respecto a otras comunidades autónomas.
– Incorporar a los presupuestos los 750.000 euros que el Gobierno regional ha recortado este año para subvencionar empresas, entidades sin ánimo de lucro y entidades locales, que contraten a personas con enfermedad mental o drogodependencia en proceso de recuperación.
– La creación de 100 plazas de alojamiento en pisos para la promoción de la vida autónoma de personas con trastorno mental o drogodependencia en proceso de recuperación.
– Incrementar las ayudas a las Asociaciones que trabajan con las personas con Trastornos Mentales, cuyas necesidades se han visto incrementadas por la pandemia.
– Realizar las modificaciones legales necesarias para aumentar el dinero de bolsillo hasta 345 euros al mes, más dos pagas extras, para las personas con trastorno mental y otras discapacidades, que participan en programas de promoción de la vida autónoma y que estén en pisos o residencias, como ya han hecho varias comunidades autónomas.
– Atender cuanto antes a las entidades que reciben subvenciones nominativas para evitar lo que está ocurriendo este año, con el retraso del pago de las subvenciones que está asfixiando a las entidades que no han dejado de prestar sus servicios sin cobrar un euro en seis meses.

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