Durante decenios, la Seguridad Social tuvo importantes superávits de cotizaciones sociales – la conocida por todos como la “hucha de las pensiones”. Pero, en lugar de constituir reservas, fueron utilizados por los gobiernos de turno para financiar políticas públicas ajenas a la Seguridad Social, desatendiendo así el respeto al patrimonio de la Seguridad Social establecido en el artículo 103 de la Ley General de la Seguridad Social, que determina que es un patrimonio único afecto a sus fines, distinto del patrimonio del Estado. Los recursos de la caja única de la Seguridad Social no son de ningún gobierno, pertenece a los trabajadores cotizantes.


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Existen documentos aportados y debatidos en distintas Comisiones del Parlamento que afirman que “si esta utilización de las cotizaciones sociales para fines adicionales al pago de las pensiones se hubiera acumulado, hoy se dispondría de un fondo de reserva de 519.104 millones de euros”. Se trataría, pues, de recursos más que suficientes para atender las necesidades actuales. El sistema seria sostenible y por tanto, no están justificadas las reformas de pensiones realizadas ni las que anuncia el Banco de España, la AIReF o la OCDE.

El dinero que pertenecía a la hucha de las pensiones fue destinado a cuestiones distintas a las que debería, una práctica aparentemente legal pero incorrecta, haciendo desaparecer los excedentes de cotizaciones, por lo que es necesaria una auditoria oficial que determine el importe de esos saqueos y sean repuestos. El Estado debe restituirlo, fortaleciendo así a la Seguridad Social, cuyas instituciones y prestaciones han sido soporte solido de millones de familias obreras.

La Ley General de la Seguridad Social, en su artículo 109, establece que para atender las pensiones, si faltan cotizaciones sociales, el Estado hará las aportaciones que sean necesarias. Sin embargo, en lugar de hacer estas aportaciones a cargo de los Presupuestos Generales del Estado, se han venido realizando préstamo, acumulándose durante años el pasivo de la Seguridad Social, generando así una falsa deuda, que además ha servido para que el Estado esconda su propio déficit en las cuentas de la Seguridad Social.

Esta práctica, seguida durante años, ha servido para desacreditar el sistema de reparto, cuando lo cierto es que se perfectamente sostenible si se cumple con lo establecido en la Ley General de la Seguridad Social. Detrás del descredito al sistema de reparto lo que hay es una mala praxis presupuestaria; que imputa de forma indebida por la vía de los gastos exenciones, como las cuotas patronales de los ERTE y rebajas de cotizaciones a los empresarios, y que por la vía de los ingresos no garantizan la reserva de los excedentes en la hucha de las pensiones.

 Por todo ello, el Gobierno de España tendría que realizar una auditoría oficial de las cuentas generales de la Seguridad Social, que aclare los falsos déficits, deudas y préstamos de la Seguridad Social, así como el importe de la deuda del Estado con la Seguridad Social.

Una vez aclaradas las cuentas, se proceda a la devolución de dichos importe a la Tesorería General de la Seguridad Social.

Enrique Jesús Nicolás Paredes.

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