El presidente de la Comunidad, Fernando López Miras
El presidente de la Comunidad, Fernando López Miras
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El presidente López Miras ha reconocido esta mañana en una entrevista que no le costa ninguna denuncia sobre adoctrinamiento en los centros educativos. Ha defendido con el adjetivo de “incuestionable” la neutralidad ideológica de los docentes de la región.

En la entrevista que ha concedido a la SER, Miras se ha mostrado firmen en su intención de mantener las instrucciones enviadas por la Consejería de Educación en agosto a los centros para que se pida la autorización paterna para las actividades complementarias que realizan en los centros.

Es una medida que pretende defender ante quien sea y advierte que “no negociará la libertad y los derechos de los padres” para elegir la educación de sus hijos.

El presidente regional ha calificado la actitud del Ejecutivo de Pedro Sánchez sobre el PIN parental de “cortina de humo” para ocultar otras decisiones que ha tomado el Presidente del Gobierno, como por ejemplo la designación de Dolores Dalgado, ex ministra de Justicia, como Fiscal General del Estado.

El presidente del ejecutivo murciano ha recordado que dicha medido esta vigente desde agosto y que el Ministerio de Educación conocía este hecho, algo que según Miras estaba en el programa electoral del PP y que es prácticamente igual al acuerdo firmado en Andalucía y “entonces no se formó este revuelo”

Un mes de plazo para “restaurar la legalidad”

Por su parte, desde el Gobierno de la nación, la ministra Celaá, ha dado un mes de plazo al Gobierno de Murcia para que restablezca la legalidad y retire el veto parental, antes de que se recurra esta medida ente los tribunales.

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Fue el pasado viernes cuando, desde el Ministerio de Educación, se envió un requerimiento al Ejecutivo murciano en la que se le instaba a retirar estas instrucciones que supone, según el requerimiento, una “censura previa, que va incluso contra la libertad de cátedra”.

Desde el ministerio han confirmado que a día de hoy no hay respuesta desde la Consejería de Educación al requerimiento, por lo que la ministra del ramo ha establecido un mes de plazo antes de acudir a la justicia.

 

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