Noelia Arroyo en la sede del PP Cartagena.
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Esta mañana, la concejal del Grupo municipal MC Cartagena, María José Soler, ha informado que su formación ha remitido escrito a Puertos del Estado, entidad dependiente del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, al objeto de que la misma determine la apertura de una “investigación en la que se depuren las responsabilidades que procedan sobre si las contrataciones con la Autoridad Portuaria de Cartagena de la empresa ‘Arroyo Sonido, S.L.’, cuyo administrador es el padre de la consejera del organismo, Noelia Arroyo, incumple la Ley de Contratos del Sector Público”.

Al hilo de esta reclamación, lo que Puertos del Estado deberá aclarar es si este hecho vulnera la prohibición de “contratar debido al citado parentesco y si, por lo tanto, entra en conflicto de intereses en el marco de la lucha contra la corrupción”.

En este punto, conviene contextualizar la petición de MC Cartagena con lo conocido la semana anterior cuando la citada mercantil participó en el montaje de la exposición ‘Plaza Mayor’ en la sede de la Autoridad Portuaria de Cartagena.

Hemos dirigido una reclamación al Presidente de Puertos del Estado para que investigue los contratos menores que está recibiendo la empresa familiar de los Arroyo”, ha comunicado María José Soler. Acto seguido, ha recordado que “como ya hicimos público, la vicealcaldesa es consejera de la Autoridad Portuaria en representación del Ayuntamiento y su padre administrador de una empresa que ha recibido, al menos, dos contratos menores este año”.

Soler ha argumentado que “la Ley de Contratos del Sector Público establece prohibiciones de contratar en el caso de estos conflictos de intereses, por lo que es necesario conocer si, además de inmoral, es ilegal el comportamiento de Arroyo y la presidenta del Puerto, Yolanda Muñoz”.

Lucha contra la corrupción

La motivación de la formación cartagenerista es velar por el cumplimiento de la normativa y así lo ha remarcado la edil. “La lucha contra la corrupción es una de las inspiraciones de la normativa de contratos y sorprende la ligereza con que Arroyo en particular y el PP en general pasan por encima estas cuestiones”.

Esperaremos al resultado de la investigación para llevar a cabo más acciones, salvo que antes Arroyo o su familia reintegren el dinero público percibido”, ha concluido María José Soler.

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