Juan Eladio Palmis
Juan Eladio Palmis

Y aunque luego; después de mentir un siglo y el siguiente llegue el patrón de ellos: sus piadosos amos: los confiesen y se los perdonen, como en la crónica de los hechos son gente de los que socialmente no te puedes fiar un pelo ni de los tiesos de Neandertal y los rizados de Homo Sapiens, conviene ir parándoles sus avarientas demandas.

No sé lo que pasaría en esta España de sacristía sin ponerla al día de los tiempos que corren, si ahora un creyente en los palos secos para poder dar fe de su existencia y vivir, tuviese que, después de haberse gastado un dinero en obtener el D.N.I., tuviese que pasar por “caja” de un partido político de izquierdas (si en España por fuera de los meses republicanos ha habido alguno) y previo pago, que un comunista, tal y como antes hacía un cura, le tuviera que dar un papel diciendo el día que habías nacido.

Y el mismo partido fuera el encargado de darte un certificado de que eras buena persona (a saber qué es una buena persona para ellos) para poder entrar a trabajar o que te dieran el pasaporte para viajar, o estudiar una carrera. Y todo dentro de un estado de derecho donde la sociedad laica solo pinta para cuadrarse y recibir órdenes y preceptos que es lo mismo pero en ladino.

En defensa de sus repletas e insaciables arcas cada vez más rebosantes de bienes y recursos, el mentir, publicitar y alterar el orden público, es, ha sido, y al paso de gente en el gobierno de la tipología del Lorzas y sus mariachis, seguirán siendo los que les sobra infantería callejera para no cejar hasta que toda el agua vuelva a fluir por sus boqueras; porque entonces es agua bendita.

Por tanto decir que la enseñanza es un derecho y un deber ciudadano laico recibirla de manos de su gobierno y no de una secta religiosa, particular y privada, es algo que no va a servir para nada; pero que es necesario recordar para aquellos que, por lo menos, deben de confesarse cuando hacen bulla, sin medir las consecuencias, en beneficio de unos particulares articulados y agrupados para su propio beneficio económico.

La Ley Celaá no prohíbe absolutamente nada que vaya en perjuicio de ninguna libertad de enseñanza y solamente, casi nada, trata, entre otras necesidades ya obsoletas, de que la salvación económica que representa los bienes sociales de la religión, en nuestro caso, por ahora en España, la católica, quede a gusto y pago del consumidor, sin que sea una obligación de pagar entre todos el que los niños sepan cómo se riega o se poda el árbol del bien y el del mal.

Los que hemos sufrido el monopolio y el absolutismo religioso en España, sabemos lo que ha costado que los niños y las niñas crezcan y se desarrollen juntos. Que hace poco más de un siglo, que la primera mujer, acompañada por la guardia civil y por orden expresa del rey, pudo pisar en Barcelona, en el curso 1.872-73, la facultad de medicina de la Universidad.

Y esos mismos que llevan siglos sin actualizar sus sacristías, y económicamente les va cada vez mejor porque tienen menos gastos de usuarios, no pueden seguir alterando las necesidades de todo un conjunto social nacional, con sus particularidades, aunque tengan seguidores, que, será coincidencia, pero la mayoría de los que lo defienden a capa y espada ninguno ha ganado por mayoría una elecciones democráticas donde no haya gato encerrado.

O pasando por la gatera, caso fragante de la cortijá murciana.

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