Enrique Jesús Nicolás Paredes
Enrique Jesús Nicolás Paredes
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La crisis está golpeando a la economía española y a las familias trabajadoras de una manera no vista antes. Sólo en los últimos 20 días del mes de marzo fueron destruidos 898.000 empleos. En el inicio de la crisis de 2008-2009 se necesitaron 100 días para destruir la misma cantidad de puestos de trabajo.


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Según un informe citado por el Financial Times, la economía española va a ser la más golpeada de toda la UE con una caída del PIB en 2020 hasta un asombroso -15,5% y un déficit fiscal del 12,5% del PIB. Otras estimaciones más “optimistas” sitúan la caída en un -10% del PIB y un déficit fiscal del 10%.

Ya hay 3,5 millones de trabajadores desempleados inscritos en el SEPE, aunque la cifra real de parados podría superar los 4 millones. Este mes de abril se prevé una destrucción de empleo similar a marzo, a lo que deben sumarse los más de 3 millones de trabajadores acogidos a ERTES, que son desempleados temporales, aunque muchos de ellos perderán también su puesto de trabajo cuando finalicen los expedientes. Que el año termine con 5 millones de parados y una tasa de desempleo superior al 20% es una perspectiva muy probable.

Como sucedió en la crisis de 2008-2009, el grueso de los nuevos desempleados lo constituyen trabajadores temporales y con contratos precarios. Más aún, gracias a la reforma laboral del PP que se sigue sin derogar, ni siquiera sus artículos “más lesivos”  los despidos son ahora más fáciles, rápidos y baratos de hacer que en 2008-2011; basta cualquier excusa para ello, fundamentada o no, y con una indemnización de 20 días por año trabajado o 33 días en los despidos improcedentes.

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La burguesía española lo ha vuelto a hacer. En 2009 decían que había aprendido la lección, tras concentrar sus inversiones en el sector inmobiliario y la construcción en los 15 años precedentes, y que llegó a emplear la friolera cantidad de más de 4 millones de trabajadores. Hablaban de cambiar el modelo productivo y abandonar “el ladrillo”. Y lo hicieron, hasta cierto punto, pero para orientarse a otros sectores improductivos, de escaso riesgo y con trabajadores precarios, como la hostelería, el turismo y el comercio, que han sido los más afectados por la nueva crisis. El capitalismo español ha vuelto a mostrar su bancarrota.

Ante esto, UP, a diferencia de la crisis de 2008-2009, este gobierno no está dejando tirada a la gente. Cierto es que se han aprobado algunas medidas paliativas a favor de los trabajadores y desempleados en materia de gasto social, vivienda y suministros básicos, aunque son limitadas e insuficientes; pero esta no ha sido una política exclusiva de un gobierno, como el  español, de características progresistas. Medidas similares han sido tomadas en el resto de países capitalistas avanzados por gobiernos más moderados y hasta francamente reaccionarios, desde la Italia de Conte hasta los Estados Unidos de Donald Trump.

La clase dominante teme la lucha de clases

Y es que la clase dominante en todas partes teme un estallido social a causa de esta crisis y necesita contenerla todo lo que le resulte posible. Por eso hasta los neoliberales  más recalcitrantes han defendido sin rechistar estas medidas en todos los países. Otra cosa es hasta cuándo podrán seguir soltando lastre.

No obstante, para compensar –lo mismo en España, que en Italia y en EEUU– la mayor parte de las ayudas públicas comprometidas (en torno al 80% del total, en todos los casos) van destinadas a rescatar empresas y a condonarles impuestos, ni más ni menos que como en 2008-2009.

Así, en relación al plan del gobierno de destinar hasta 100.000 millones de euros como avales en caso de créditos fallidos por las empresas, un informe de FEDEA, grupo de estudio patrocinado por el IBEX, reclama abiertamente con todo el cinismo del mundo el rescate de las grandes empresas por el Estado con este dinero, pese a  las decenas de miles de millones que han amasado en beneficios durante estos años:

Esta política de lanzar cientos de miles de millones de euros y dólares de dinero público en todos los países: a las empresas, autónomos, desempleados y trabajadores, es una  medida de desesperación. Las deudas públicas han alcanzado ya su mayor magnitud en décadas. Ahora, con el nuevo endeudamiento, se elevarán hasta una altura estratosférica que las hará insostenibles a medio y largo plazo, en un contexto de crisis económica y estancamiento, donde las empresas podrán justificar el pagar menos impuestos por la falta de negocios y, por tanto, el Estado recaudará una menor cantidad de dinero.

En el Estado español, con un pago anual de 30.000 millones de euros en intereses de la deuda pública, un incremento de la misma en 25 puntos, pasando del 95% al 120% del PIB nacional, como se está hablando, implicará desembolsos adicionales de 6.000 millones de euros, y  con una menor recaudación fiscal. Esto significará perpetuar las políticas de ajuste y austeridad,  que provocará más recortes en el gasto público social: pensiones, vivienda, educación y sanidad. Esta es la cadena, de la que no hay escapatoria, que ata a cualquier gobierno progresista que acepta gestionar la crisis del sistema capitalista; esto es, preservar los negocios y beneficios de las grandes empresas y bancos.

Sánchez mismo lo reconoció en su alocución pública al país el sábado 4 de abril, cuando pidió expresamente disculpas a las nuevas generaciones porque iba a depositar sobre ellas la carga del pago de más deuda pública. Y ese es el punto: los mismos recortes que llevaron a las consecuencias desastrosas de esta epidemia de coronavirus, con la falta de recursos básicos, de equipamiento y de personal en la sanidad pública, volverán a repetirse en el futuro inmediato. Por su parte, los empresarios lanzarán alaridos de furia por sus “altos costes laborales”, y menores ventas, y exigirán más ataques a las condiciones laborales de los trabajadores para obligar al gobierno a no tocar ni una coma  de la reforma laboral del PP. La clase dominante y el aparato del Estado alertarán del “peligro” de disturbios y violencia en las calles para obligar igualmente al gobierno a no tocar tampoco la ley mordaza, o como mucho hacerle sólo cambios insustanciales.

Es en este contexto que debemos situar la propuesta de Pedro Sánchez de reeditar unos nuevos “Pactos de la Moncloa” a nivel doméstico y un nuevo “Plan Marshall” a nivel europeo.

¿Qué fueron los Pactos de La Moncloa?

Hay que analizar qué hay detrás del intento del gobierno de reeditar unos nuevos “Pactos de la Moncloa” para salir de la crisis, detonada por la epidemia de coronavirus. Aquéllos fueron un elemento clave en la llamada “Transición” en los años 70 del pasado siglo, el pacto entre los herederos del régimen franquista y los dirigentes de la izquierda, Santiago Carrillo y Felipe González, para mantener el capitalismo español, desafiado por las movilizaciones de la clase trabajadora. Este acuerdo permitió a la gran burguesía y a su aparato de Estado mantener sus posiciones de dominio, a cambio de derechos democráticos formales que ya habían sido conquistados en la práctica por las masas trabajadoras en la calle.

En medio de una profunda crisis, igual que hoy, existía una competencia feroz entre las diferentes burguesías por los mercados, y las economías menos competitivas como la española salían peor paradas. Los capitalistas españoles se mostraban totalmente incapaces para hacer frente a la situación.

Finalmente se alcanzó un acuerdo, llamado “Pactos de la Moncloa”, por firmarse en la sede del Gobierno. En lo que a medidas económicas se refiere, lo más destacado era lo siguiente: crecimiento salarial en virtud de la inflación prevista por el Gobierno, ¡y no de la inflación real!; congelación de los gastos públicos y reducción del déficit público; reforma y flexibilización de las relaciones laborales, que se concretaba en poder despedir al 5% de la plantilla si los aumentos salariales superaban los topes firmados (lo que significaba introducir el despido libre); que el Estado incrementara su financiación de la Seguridad Social del 3,5% al 20% reduciendo la parte de la aportación patronal, en un plazo de 5 años; se introducían por primera vez los contratos temporales para los jóvenes, y una tímida reforma fiscal. Los dirigentes del PSOE, PCE y CCOO apoyaron totalmente este pacto. La UGT inicialmente se opuso, reflejando la presión desde abajo.

Por supuesto, los partidos burgueses firmaron entusiasmados el pacto, comenzando por la UCD de Adolfo Suárez y los nacionalistas burgueses vascos y catalanes. Curiosamente,  la Alianza Popular de Fraga Iribarne (antecesora del PP) no firmó el acuerdo político que incorporaba algunas reformas democráticas a las estructuras estatales, ¡pero sí firmó el acuerdo económico.

La oposición de los trabajadores fue mayoritaria. Durante todo el mes de noviembre se celebraron en las principales ciudades españolas manifestaciones contra el Pacto de la Moncloa, en defensa del nivel de vida y contra el aumento del paro, convocadas por UGT y otros sindicatos. Incluso, muchas secciones sindicales de CCOO votaron en contra de los Pactos de la Moncloa.

Los dirigentes obreros hicieron todo lo posible por desmovilizar y desilusionar a los trabajadores: “Ahora que estamos en democracia, tenemos que arrimar el hombro para sacar adelante el país; tenemos que colaborar para no provocar a los militares”, etc., eran los argumentos que se utilizaban. Los planes económicos que la burguesía fue incapaz de aplicar al final de la dictadura lo estaba haciendo ahora con la “democracia”. Y para ello contaban con la colaboración de los dirigentes de la izquierda.

Al final, la dirección de UGT estampó su firma en el pacto, y los efectos en el nivel de vida de la clase trabajadora no se hicieron esperar. Al final de 1977, los trabajadores perdieron un 10% de poder adquisitivo.

Este sería el primero de una serie de pactos sociales que, lejos de reducir el paro, sólo sirvieron para mantener las tasas de beneficios de los capitalistas, reducir el nivel de vida de las masas y desmoralizar a la clase trabajadora, que veía cómo una transformación profunda de la sociedad, que estaba al alcance de su mano, se perdía irremisiblemente por culpa de la política de colaboración de clase de sus dirigentes.

Claramente, la idea de unos nuevos “Pactos de la Moncloa” no ha venido de la Moncloa misma, sino de los despachos del Ibex35 ¿Y por qué? Porque se prepara un ajuste brutal que puede detonar una lucha de clases no vista en décadas. La burguesía quiere asegurarse de que el gobierno y los sindicatos sujeten y controlen a la clase obrera y la hagan aceptar la política de ajuste que se viene. La derecha, por sus cálculos políticos egoístas se niega a entrar por el aro, esperando que el gobierno se achicharre con la crisis y lidie con el malestar social, a la espera de que llegue su momento. Pablo Iglesias, por su parte, dice que no tiene objeciones a dichos pactos, siempre que se garanticen “los derechos sociales” de la Constitución. Pero, vamos a ver; esos derechos se supone que están garantizados ¡en la ley suprema! Y si no se cumplen es sólo por una razón: porque es un engaño, fueron escritos justamente para engañar a las familias trabajadoras. Pensar que el pleno empleo, la vivienda, las pensiones, la educación y la sanidad para todos pueden “blindarse” en medio de una crisis tan profunda como ésta sólo con reuniones de despacho, y sin una movilización en la calle, es la peor de las utopías.

No a unos nuevos “Pactos de la Moncloa”, que hipotequen el futuro de los trabajador@s  y clases populares.

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