Tiempo estimado de lectura: 6 minutos
Carpe Diem

Ver Pacto de Toledo ¿Asignatura para septiembre? (2/3)👈👈

  1. Autónomos. Se pretende que los autónomos coticen por sus ingresos reales, mejorando también la protección del colectivo y con derechos como jubilación anticipada (¿?) y el trabajo a tiempo parcial.

De las pocas propuestas con sentido, y con las que podríamos estar de acuerdo, a falta de poder leer la letra pequeña, porque ya estamos demasiado acostumbrados a la literatura algodonosa y la realidad empedrada…

  1. Tasa de sustitución. Se concretaría qué es “una pensión suficiente” (¿?), utilizando un mecanismo que puede ser una tasa de reemplazo que relacione la pensión media del sistema con el salario medio de los trabajadores. Latasa de sustitución, “es un indicador del grado en que un sistema de pensiones logra su principal cometido, que no es otro que sustituir las rentas de la etapa en activo de un trabajador manteniendo un poder adquisitivo lo más elevado posible.”

En teoría suena bien, pero no nos engañemos. La tasa de sustitución o reemplazo es un eufemismo para tratar de ocultar su relación directa con el mal llamado factor de sostenibilidad, mejor llamado factor de pobreza. Vamos a desgranarlo todo, y por partes.

Se suele definir la tasa de reemplazo o sustitución como “el porcentaje que representa el monto de la pensión respecto del promedio actualizado de las remuneraciones del trabajador en los últimos 10 años, en términos brutos y netos”. En España, esta tasa se sitúa en un 77%, aproximadamente, mientras la media europea está en un 63%. Lo que nos ocultan es que el salario medio de los 28 países de la UE está en 2.091€/mes, mientras en España es de unos 1.650€/mes, un 21% por debajo de la media.

Los poderes financieros y los medios neo y ultraliberales pretenden que la tasa en España baje hasta un 50% mediante la reducción del Sistema de Pensiones Público, y que se complemente cada uno (el que pueda) la pensión pública mediante un sistema privado o de empresa, como hemos explicado anteriormente. Pero si tenemos en cuenta el SMI, actualmente en 950€, el 50% que pretenden los buitres se quedaría en 425€, más o menos el subsidio de mayores de 52 años: una miseria. 

Por otro lado, la idea del factor de sostenibilidad se introdujo en la reforma de las pensiones del PSOE en 2011 para desarrollar posteriormente y aplicar a partir de 2027, pero al llegar al poder el PP desarrolló una fórmula de revisión cada 5 años para reducir las pensiones hasta un 5% por “paquetes de edad” y cálculo de esperanza de vida para ser aplicado inicialmente a partir de 2019, pero tras las protestas de las plataformas de pensionistas se vio obligado a retrasarlo a 2023. El plan del PP (no derogado) era el siguiente: a partir de 2023 se incluirían coeficientes, factores para reducir el cálculo de las pensiones a cobrar por las personas que puedan acceder al sistema jubilatorio: el FEI, factor de equidad intergeneracional según la esperanza de vida de la población y el FRAfactor de revalorización anual (el maldito 0,25%), aún no derogado, según la “salud” económica de las arcas públicas; es decir, la relación entre ingresos y gastos públicos. Ambos son totalmente negativos para el cálculo: viviremos más, y seguirá habiendo más déficit público tras la pandemia; por tanto, de no mejorar la recaudación fiscal haciendo que paguen más quienes más tienen, obviando todos los estudios contra estas teorías de otros economistas independientes, Premios Nobel incluidos, habría que recortar profundamente las pensiones, como proponen el PP y los “profetas neoliberales”.

El FEI calculará una mayor esperanza de vida y la cuantía mensual de nuestra pensión se diluirá por la mayor expectativa de vida. ¡Qué paradoja de nuestra existencia! Vivir más tiempo en un mundo que progresa tecnológicamente y de mayor conocimiento es económicamente un castigo, no un privilegio para los ciudadanos.

Para entender cómo operan esos factores veamos un ejemplo sencillo, pero no menos riguroso de lo que sucederá al aplicar el FEI, si continúa sin derogar. Supongamos que, hasta finales de 2022, nuestra esperanza de vida después de los 67 años, edad mínima para acceder a una pensión pública, es de 20 años, hasta los 87. Simulemos también que nos corresponde una pensión de 1000 euros mensuales: el importe, la “hucha” teórica acumulada para esos 20 años, será: (20*14 pagas anuales)*1000=280.000 euros en total. Ahora bien, si la esperanza de vida, no la nuestra sino la prevista por la estadística, aumenta a principios de 2023 a 25 años (es decir es 1,25 superior a la anterior), la “hucha de pensión teórica” crecería a 350 mil euros. Es el mismo cálculo anterior, pero para 25 años. Pues bien, el mal factor de sostenibilidad supone que esa “hucha” inicial (los 280.000€) hay que distribuirla entre los años que la estadística muestra que vamos a vivir, es decir,  repartir la “hucha” original de 280 mil euros en los 25 años, esto es, en nuestro ejemplo que no es exacto, es una simulación para facilitar la explicación, la pensión baja de 1000 a 800 € mensuales, puesto que  el factor de corrección es 1,25.

Reiteramos que lo expresado es un ejemplo grosero, para subrayar el efecto perverso del FEI en las futuras pensiones. Está “exagerado” aquí para hacerlo evidente. Entre otras cosas porque la fórmula de cálculo real es de una complejidad que intentar explicarla aquí sería un arduo trabajo. Pero la filosofía de esa ‘sostenibilidad’ es esa. Castigar a los pensionistas, no sostenerlos.

  1. Reducción de gastos impropios en la SS. En relación con comentarios de puntos anteriores,

estamos totalmente de acuerdo en garantizar la viabilidad del Sistema Público de Pensiones mediante la separación de multitud de gastos impropios de la SS, como las bonificaciones al empleo o de paternidad, o las tarifas planas de autónomos y los salarios de funcionarios adscritos, los complementos a mínimos, las ayudas universales de sanidad, los servicios sociales, los gastos corrientes y las inversiones y gastos corrientes. En resumen, todos los gastos que NO sean exclusivamente prestaciones contributivas deben ser financiados con cargo a los Presupuestos Generales del Estado.

  1. Deuda histórica y “déficit” de la SS. El ministro Escrivá pretende resolver la situación de deuda histórica de la Seguridad Social al Estado compensándola con el traspaso de patrimonio e inmuebles de la SS a las administraciones (Comunidades Autónomas). Cuando se desagregó el Sistema Público de Salud y fueron pasando las competencias a las CCAA, los edificios, hospitales, etc, que eran propiedad de la SS siguieron y siguen siéndolo, aunque la gestión o el pago del IBI, por poner un ejemplo, lo hagan las CCAA, pero no pagan alquiler u otros conceptos a la SS. De esta forma quiere acabar con el déficit y con la política de préstamos del Estado en 2025 y valorar que el Estado contribuya a financiar los déficits de los regímenes especiales.

Este es un tema que daría para un largo artículo y que intentaremos resumir, pero anticipamos que NO ESTAMOS DE ACUERDO en el vaciado patrimonial de la SS para traspasarlo a las CCAA sin más, como fórmula para anular una supuesta deuda histórica que no existe, y de existir sería en sentido contrario.

La “deuda histórica” de la SS no es tal, puesto que está originada por la  modificación por Aznar del art. 109.2 del TRLGSS, y después por la inaplicación del mismo sostenida en el tiempo y mantenida por PP y PSOE, al no realizar transferencias directas y llevar a cabo “préstamos”.

En realidad, la deuda histórica es del Estado con la SS, y viene de los enormes superávits por cotizaciones que se generaron durante decenios que distintos gobiernos utilizaron para muy diversos fines, no precisamente para los que se generaron. Algunos estudios bastante fiables cuantifican ese superávit en 550.000 M€ de HOY si se hubiese empleado aquél dinero solamente para las prestaciones contributivas. Para lo que eran. La prueba es que, si se emplearan las cotizaciones para pagar solamente esas prestaciones contributivas, HOY habría un superávit de alrededor de 16.000 M€ anuales.

CONCLUSIÓN

Las recomendaciones que previsiblemente saldrán del Pacto de Toledo entre septiembre y octubre serán, de nuevo y como todas las de su historia, regresivas para pensionistas actuales pero sobre todo futur@s, más allá de que haya partidos que voten en contra; no estamos en la situación previa a las elecciones de 2019 cuando algunos partidos no se atrevieron a llevar adelante las recomendaciones que llevaban pactadas de antemano. Si el ministro Escrivá quiere sacar las recomendaciones tal cual, no le quedará otro remedio que apoyarse en las derechas porque los partidos a su izquierda no asumirán determinadas recomendaciones, y aquéllas a cambio querrán endurecerlas más.

Entre tanto nos encontramos la casi nula movilización de l@s futur@s pensionistas en apoyo de sus propios derechos que, como hemos visto, resultan claramente atacados. Solamente una nueva ola de movilizaciones de pensionistas Y FUTUR@S PENSIONISTAS conseguiría parar, o suavizar al menos, las condiciones que pretenden aplicarnos. Pero los sindicatos mayoritarios no se movilizan, quizá por intereses nada obreros, y la Coordinadora Estatal de Pensionistas (COESPE) está hecha trozos por luchas internas y por divisiones provocadas por el desembarco, en algunos de sus órganos de dirección, de miembros de partidos políticos y de sindicatos mayoritarios a todos los niveles. Sólo la actuación independiente y decidida de las plataformas que la componen podría redireccionar esa deriva.

Cuídense.

Yayoflautas Cartagena
FacebookTwitterEmail

Dejar respuesta

Please enter your comment!
Please enter your name here

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.