Pensiones, sostenibilidad y estado de bienestar
Pensiones, sostenibilidad y estado de bienestar
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Carpe Diem

Las pensiones es uno de los pilares del estado del bienestar, como la educación, la sanidad, la dependencia o el desempleo. Entre todos copan una parte muy importante de los presupuestos generales del estado, un “pastel” muy suculento para las grandes corporaciones financieras, que pretenden hacerse con todo el dinero público que puedan, privatizando esos servicios en connivencia, hasta ahora, con el gobierno de turno. Ya han pegado profundas dentelladas a la salud y a la educación mediante recortes salvajes, primando a las empresas privadas con subvenciones públicas y trasvases de gestión.

Pero los recortes en las pensiones, además de ser profundamente injustos, han creado tanta pobreza en los pensionistas que inciden negativamente en el consumo interno y, por tanto, en la economía del país. El problema real no es que “las pensiones no sean sostenibles”, como nos mienten una y otra vez. La realidad es que nos quieren meter con calzador los fondos de pensiones privadas los mismos que ya nos engañaron con las preferentes, pero se lían en sus mentiras y acaban dándonos la razón. Actualizar las pensiones con el IPC, según cifras del propio FMI, llevará a un crecimiento del gasto de un 3% del PIB en los próximos 30 años llegando al 14-15%, porcentaje que ya se alcanza hoy en la media europea, y en los países de nuestros entorno: Portugal, Francia e Italia. Lo que resulta insostenible son las medidas ruinosas impuestas por el FMI en Argentina o Grecia, o seguir apostando por planes privados de pensiones que, en la próxima crisis financiera, dejarán sin pensiones a millones de jubilados y jubiladas.

Las pensiones públicas son sostenibles y lo saben. ¿Cómo? Recuperando cotizaciones, mediante una subida del SMI, con más y mejor empleo, eliminando las bonificaciones y las “tarifas planas” que han demostrado no crean empleo, derogando las reformas laborales, destopando las bases máximas de cotización, eliminando la brecha de género, suprimiendo las desgravaciones de los planes de pensiones privadas, reduciendo gastos impropios de la SS, persiguiendo las empresas que defraudan laboralmente con los falsos autónomos, los contratos de formación, temporales, a tiempo parcial, horas extras sin pagar, etc. Y no volviendo a utilizar la “hucha” de las pensiones para asuntos que nada tienen que ver con las propias pensiones, como la financiación del estado, los pagos de deuda pública o el rescate de bancos. Hay estudios bastante sesudos que cifran en más de 520.000 M€ el remanente de la “hucha” si se hubiesen cumplido todos los parámetros anteriores. Habría suficiente para las pensiones ¿o no?

Pensiones, sostenibilidad y estado de bienestar
Pensiones, sostenibilidad y estado de bienestar

En cualquier caso, creemos que las pensiones deben depender directamente de los PGE, como estaban antes del nefasto Pacto de Toledo. Esto evitaría los “problemas” de financiación, reales o provocados según interese al partido gobernante. En este aspecto también cabe señalar algunas mejoras que nos acercarían a las prácticas fiscales del resto de la UE.

Hay que recuperar el impuesto de sociedades de las grandes empresas, situado ahora en menos de un 7% real, lo que significa que las grandes empresas aportan entre 24.000 y 27.000 M€ menos que al inicio de la crisis, habiendo superado los beneficios de entonces.

Hay que poner un impuesto a las transacciones bancarias, la famosa tasa Tobin que ya existe en otros países de la UE (supone >1.000 M€). Hay que eliminar los privilegios fiscales de las SOCIMIs (Sociedades Cotizadas Anónimas de Inversión en el Mercado Inmobiliario), empresas en muchos casos de capital extranjero a las que se “regalaron” miles de viviendas, y las responsables de muchos miles de desahucios en este país, que tienen un tipo impositivo del 0% (han oído bien, cero por ciento). Hay que eliminar, también, los privilegios fiscales de las SICAVs (Sociedades de Inversión de Capital Variable), herramienta preferida de los muy ricos para “ahorrarse” cantidades exorbitantes en impuestos, pues su tipo fiscal está en el 1% (han oído bien, uno por ciento).

Hay que perseguir a toda costa el fraude fiscal de las grandes empresas, que representa unos 55.000 millones de euros al año. Hay otras muchas medidas que se podrían tomar, y que están planteadas por el sindicato GESTHA de funcionarios de la agencia tributaria, como combatir la economía sumergida que representa 250.000M€, o la necesaria reforma fiscal que nos acerque a la media europea y que supone 70.000M€.

Pero, sobre todo, hay que dejar de hacer leyes a favor del poder económico y a favor de las grandes empresas y grandes fortunas. Son esas políticas legislativas de los últimos años, las que han permitido trasvasar 230.000 millones de euros desde los bolsillos de l@s trabajador@s, parad@s, de las clases medias y pensionistas hacia las grandes fortunas, las que han provocado que se amplíen las diferencias entre clases sociales hasta convertirlas en abismos, también que aumenten escandalosamente las fortunas y el número de millonarios en España al mismo tiempo que la miseria y la exclusión social se extiende sin freno, y que el paro y el subempleo campe a sus anchas provocando el éxodo masivo de nuestros jóvenes. Eso no puede ser. Este país no se lo puede permitir. Debemos impedirlo.

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