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La nueva normativa de residencias impulsada por el Ministerio de Derechos Sociales, con Ione Belarra al frente, supone importantes mejoras en la calidad de los cuidados que reciben las personas mayores.

No en vano, ha contado con el apoyo de numerosos colectivos profesionales y de familiares de los usuarios y usuarias de estos centros, así como con el visto bueno de la inmensa mayoría de las comunidades autónomas.

No ha ocurrido así con la Región de Murcia, que se ha opuesto a este acuerdo. Para la portavoz regional de Podemos, María Marín, entra dentro de la lógica del Gobierno regional no apoyar un modelo que apuesta por la creación de centros públicos, por la disminución del número de plazas por centro o por la contratación de más personal, ya que el sistema defendido por la Consejería dirigida por Isabel Franco “va en la dirección opuesta, siguiendo el modelo de macrorresidencia, en la que las personas mayores son tratadas como números anónimos y en la que sus profesionales están sometidos a la más absoluta precariedad laboral”.

La diputada morada ha considerado “razonable y esperable” que este acuerdo “no guste al lobby de los dueños de residencias”, detrás del que se encuentran “multinacionales muy poderosas que se dedican fundamentalmente a la construcción o a los seguros, y no a la atención sociosanitaria”.

Una oposición que se debe a que, según la portavoz de Podemos, estos empresarios “van a tener que invertir un poco más y ganar un poquito menos”. Sin embargo, la oposición del Gobierno regional resulta “poco presentable”, en opinión de Marín, quien considera que “no es de recibo” que el Gobierno regional y su consejera de Política Social “ya no disimulen que trabajan para este lobby y no para defender el interés común de nuestros mayores”.

Se trata, por tanto de “una nueva indecencia de una consejera que no cumple con ninguno de los sectores para los que se supone que trabaja, sino para lobbies empresariales con los que teje una red clientelar”. La diputada ha recordado las personas ancianas “merecen los mejores cuidados después de trabajar y cuidarnos toda la vida” en lugar de que sus derechos sean utilizados “para hacer negocio y que empresas amigas se cobren favores”.

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Por último, Marín ha asegurado que desde Podemos “estarán vigilantes” en el cumplimiento de esta nueva normativa”. La diputada ha recordado que su formación “ya presentó una ley de residencias que iba en la misma dirección de lo acordado ahora por el Ministerio”, aunque “fue rechazada por el Partido Popular y el rodillo antidemocrático de los tránsfugas”.

Además, Podemos intentó crear una comisión de investigación, también rechazada por la mayoría artificial de López Miras, para aclarar lo sucedido durante la pandemia en las residencias de la Región de Murcia, detectar fallos y establecer protocolos y medidas para mejorar la atención a las personas mayores.

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