Podemos anima a fiscalía a llevar “hasta las últimas consecuencias” la investigación abierta por el escándalo de las vacunas
Podemos anima a fiscalía a llevar “hasta las últimas consecuencias” la investigación abierta por el escándalo de las vacunas

El fiscal José Luis Diaz Manzanera confirmaba a Onda Regional la apertura de este procedimiento aunque por el momento no se ha determinado ninguna actuación. Con aquellas que realice el ministerio público se tratará de establecer si se ha incurrido en algún ilícito penal en la dispensación de vacunas a  funcionarios de la consejería y el servicio murciano de Salud, así como de casos concretos como el de la ya ex-alcaldesa de Molina de Segura y que se habrían producido fuera del protocolo del ministerio de Sanidad.


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La portavoz de Podemos Región de Murcia, María Marín, ha celebrado esta tarde la decisión del fiscal de hacerse eco de la denuncia presentada por la formación relativa al escándalo de las vacunas.

Marín ha recordado que Podemos ya advirtió la pasada semana de que estábamos ante “una presunta ilegalidad, con consecuencias que van mucho más allá de la política”. La diputada ha considerado que es una “buena noticia” que la fiscalía vaya a investigar “qué personas tomaron las decisiones que llevaron a vacunar a un grupo de altos cargos antes incluso que a las personas consideradas como prioritarias en el calendario fijado para la vacunación, como el personal sanitario que está cada día en contacto con los enfermos”.

La diputada regional de Podemos ha destacado que el artículo 428 del Código Penal prohíbe  “a cualquier funcionario o autoridad utilizar su cargo para obtener cualquier tipo de beneficio”, algo que en este caso “parece no haberse respetado en absoluto”.

Además, Podemos aprecia que pueden haberse vulnerado  principios como el de equidad y de transparencia, que “son fundamentales en cualquier acción en salud pública”.

Dependiendo de la gravedad del daño producido, la denuncia de Podemos podría traducirse en multas que van de los 3.000 hasta los 600.000 euros para aquellos que hayan “maniobrado para vacunarse o vacunar a otros al margen del protocolo”. “Vamos a continuar hasta llegar al fondo de este asunto y a pedir todas las responsabilidades, tanto políticas como judiciales, a quienes están jugando con vidas ajenas”, ha aseverado Marín.

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