Esta mañana, Podemos Región de Murcia ha presentado ante la Fiscalía una denuncia para “llegar al fondo del escándalo de las vacunas”. La portavoz regional del partido, María Marín, ha considerado que los casos conocidos hasta el momento no constituyen “sólo un error humano o una conducta poco ética”, sino que además “se ha cometido es una presunta ilegalidad, que tiene consecuencias que van más allá de la política”.


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Por lo tanto, para la diputada “no basta con la dimisión” y con la denuncia pretenden “que el fiscal investigue qué personas tomaron las decisiones que han llevado a vacunar a un grupo de altos cargos y no a las personas prioritarias”, además de que determine  “si esas personas han cometido algún delito”. Una denuncia que desde Podemos entiende que es “lo mínimo” que pueden hacer por “los sanitarios de primera línea y por las personas más vulnerables a la covid”.

Marín ha recordado que en este escándalo se han visto implicados el consejero Villegas y su equipo de altos cargos, así como la alcaldesa de Molina y al médico que la ha vacunado indebidamente, a pesar de que “los cargos políticos y los funcionarios no están para hacer favores, y menos cuando hay vidas en juego”.

La diputada considera que en este caso “no son favores personales”, sino que estamos ante “casos de tráfico de influencias que debemos desterrar de nuestra sociedad”. La portavoz regional de Podemos ha destacado que el código penal prohíbe  a cualquier funcionario o autoridad utilizar su cargo para obtener cualquier tipo de beneficio (art. 428 Código Penal), “como el que aquí ha habido”.

Además, Marín ha puesto sobre la mesa que “el consejero Villegas y los altos cargos de la Consejería de Salud podrían haber incurrido en un delito de prevaricación”. La diputada ha mostrado su escepticismo ante la imposibilidad que “nadie en la Consejería se diera cuenta de que la vacunación de altos cargos atenta frontalmente contra el protocolo de vacunación del Consejo Interterritorial”, por lo que ha Podemos pretende con su denuncia que se investigue “si la Consejería de Salud y el Servicio Murciano de Salud actuaron de forma arbitraria, montando su propia campaña de vacunación VIP a sabiendas de que su actuación era injusta y contraria a la ley”.

Podemos ha denunciado también “la violación de los principios más elementales de cualquier acción en salud pública”, como son el principio de equidad y el principio de transparencia (art. 3), “por parte del gobierno de López Miras y la consejería de Salud”. Marín ha considerado que se ha producido “un daño grave sobre la salud de aquellas personas que son prioritarias y no han sido vacunadas” y de la población en general, porque “se han colado cargos del PP, como el consejero Villegas, o la alcaldesa del PSOE de Molina, Esther Clavero”.

La denuncia de Podemos ante la fiscalía puede tener graves consecuencias para aquellos que presuntamente han utilizado su cargo público para acceder a la vacunación antes de lo que les correspondía. Dependiendo de la gravedad del daño producido los que han maniobrado para vacunarse o vacunar a otros al margen del protocolo se enfrentan a multas que van de los 3.000 hasta los 600.000 euros.

Por último, Marín ha reiterado que desde Podemos “vamos a seguir reclamando ejemplaridad”. “No vamos de farol como algunos, ni pedimos dimisiones a la carta, según el color del carnet. Todos los altos cargos que hayan participado de este escándalo sobran en política sin excepciones” ha concluido la diputada.

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