Imagen de peces muertos en el Mar Menos. Foto: Anse
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Una investigación periodística, en la que han participado también fuentes de Podemos Región de Murcia, ha destapado que la alta contaminación de que las macrogranjas emiten al entorno está sirviendo también para agravar el estado del Mar Menor.

Así lo revelan los datos hechos públicos por diferentes medios de comunicación nacionales e internacionales, que además ponen el foco en la inacción del Gobierno regional, a pesar de que contaba con todos los informes necesarios y conocían sobradamente el problema que estaba generando la alta concentración de granjas porcinas en muy pocos municipios cercanos a la mayor laguna salada de Europa.

Desde Podemos, la portavoz regional, María Marín, ha señalado que «una vez más» el Gobierno regional y las consejerías implicadas utilizan las instituciones para proteger a los grandes empresarios de un sector como la ganadería, copado por unas pocas multinacionales, frente a los intereses de la mayoría de los ciudadanos y ciudadanas de la región, que exigen «poner fin a unas prácticas contaminantes que han condenado a la extinción a un ecosistema tan delicado y único como el Mar Menor».

Para la diputada de Podemos «lo que hoy conocemos respecto a las macrogranjas porcinas es lo mismo que hemos observado con las explotaciones intensivas del agronegocio», en referencia a las acusaciones judiciales que pesan sobre el Gobierno regional ante la inacción a  la hora de sancionar a las multinacionales de la agroindustria, investigadas en estos momentos por los tribunales en el Caso Topillo.

Marín ha señalado que con la información publicada «se demuestra una vez más para quién trabaja este Gobierno regional, dispuesto a vulnerar sus propias leyes ambientales con tal de favorecer a empresarios muy poderosos, que lejos de representar a nuestra tierra, están acabando con su patrimonio natural y condenando su futuro».

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Las evidencias de que la actividad de las macrogranjas está contribuyendo a la muerte del Mar Menor son también las evidencias de la mala praxis de una Consejería de Agua que no ha vigilado ni medido los niveles de residuos almacenadas, revelando así -tal y como señala Marín- que «nadie controla el estado del más de un millar de balsas de purines de la Región».

La diputada ha denunciado que la Consejería de Agricultura «solo tiene a un técnico para controlar estas instalaciones», algo que en estos momentos puede ser aún peor ya que esas inspecciones fueron «antes de la purga en la Dirección General de Medio Ambiente» que la consejería llevó a cabo hace algunas semanas.

Ante esta indignante situación, Podemos planteará en la Asamblea Regional una moratoria a la instalación de nuevas macrogranjas, algo que ya aprobó, por ejemplo, el Ayuntamiento de Cieza y que ahora «sería conveniente extender a todo el territorio regional». Además, la formación presentará en la cámara autonómica un plan para «inspeccionar y regular de forma estricta las granjas ya existentes y clausurar inmediatamente las que no cumplan la normativa».

Marín ha resaltado que el impacto de estas instalaciones en el medioambiente y en la calidad de vida de la gente en nuestro mundo rural «es tremendo», algo que parece no importar al presidente regional cuando «está vendiendo nuestros pueblos y nuestro patrimonio natural al mejor postor para instalar macrogranjas y expulsar a la gente que vive y trabaja en esos municipios».

La diputada ha recordado además que el pasado 15 de marzo, Podemos logró sacar adelante en la Asamblea Regional una declaración institucional de apoyo a los vecinos y vecinas de Yecla frente a la macrogranja que ElPozo pretende instalar en las instalaciones del protegido Monte Arabí, patrimonio natural y cultural en el que se encuentran incluso restos de arte prehistórico de los primeros pobladores humanos que habitaron la Región de Murcia.

Previamente, la formación morada participó en las protestas que unieron a todo el municipio para rechazar este «auténtico disparate ambiental». La unanimidad en este rechazo provocaron que toda la cámara, incluyendo los grupos políticos que sustentan al Gobierno tránsfuga de López Miras, aprobasen la declaración institucional. Sin embargo, este texto ha acabado siendo «papel mojado» porque López Miras no ha llevado a cabo ninguna acción para evitar que este tipo de instalaciones sigan proliferando.

Con la moratoria que exige Podemos, quedarían salvados los intereses de los vecinos y vecinas de todo el territorio, ya que no podrían instalarse por el momento nuevas macrogranjas, y se cortaría además uno de los aportes de contaminación más importantes que llegan hasta el Mar Menor. «Es hora de pasar de las palabras, de las declaraciones y de las buenas intenciones a los hechos», ha reclamado Marín a López Miras.

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