María Marín. Diputada y portavoz de Podemos en la Asamblea Regional
María Marín. Diputada y portavoz de Podemos en la Asamblea Regional
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La Asamblea Regional ha aprobado hoy, con los votos a favor de Podemos y los diputados de Ciudadanos en el Grupo Mixto, el PP y los expulsados de Vox, la propuesta de Podemos para instar al gobierno regional a acabar con cualquier beneficio fiscal y ayuda al sector del juego. “En la Región de Murcia los casinos y salones de juego se han multiplicado como setas en los últimos años gracias a los favores fiscales de los gobiernos del PP. Al mismo ritmo se multiplica la ludopatía”, ha denunciado la portavoz de la formación morada en la Asamblea, María Marín. El PSOE por su parte se ha abstenido de participar en el debate de esta moción.

La propuesta de Podemos respondía a una moción del grupo de Liarte, que planteaba suprimir cualquier subvención o ayuda pública a los clubes deportivos que hacen publicidad de salones de juego o portales de apuestas. “Es algo que nosotras compartimos y apoyamos. Pero no deja de ser curioso que ustedes exijan esto cuando hace apenas cuatro meses apoyaron unos presupuestos que siguen beneficiando escandalosamente al juego”, ha denunciado Marín, que ha puesto cifras a este tratamiento privilegiado: “solo en 2020 el sector se ahorró 7 millones de euros en impuestos”. Desde la formación morada también han querido recordar el polémico destino de las ayudas del Instituto de Turismo de la Región de Murcia por la COVID-19: “42.000 euros a las grandes empresas del juego como Orenes, 4.000 al bar de la esquina, bares y pubs que han estado sometidos a medidas mucho más estrictas que los salones de apuestas”.

En este sentido, Podemos ha condicionado su apoyo a la moción de los expulsados presentada por Liarte a ir más allá y acabar con todo tipo de favor fiscal al sector del juego. “Los favores al juego no hubieran sido posibles sin su apoyo”, ha espetado Marín a Liarte. “Ustedes son la muleta de este gobierno regional que es el mayor anunciante de los juegos de azar y el mayor promotor de la ludopatía. Si el entonces alcalde de Murcia, José Ballesta, y el presidente López Miras han llegado incluso a participar en la inauguración de un casino, es gracias al sostén de su grupo en la Asamblea y de Antelo en la Glorieta”.

“Si quieren ser coherentes apoyen la enmienda de Podemos y acabemos con cualquier beneficio fiscal al juego”, han retado desde Podemos. Finalmente, la Asamblea ha cogido el guante, una iniciativa a la que se ha tenido que sumar también el Partido Popular. Al término del debate María Marín ha valorado positivamente la aprobación de esta iniciativa, aunque también ha llamado a la cautela: “Hoy damos un primer paso para acabar con la financiación pública de la ludopatía por parte del gobierno regional, pero la prueba de fuego serán los presupuestos del año que viene. Es verdad que el acuerdo de gobierno del PP y los expulsados de Vox ya recogía en 2020 la supresión de los beneficios fiscales al juego, pero desde entonces no solo no se ha hecho nada, sino que se han aprobado nuevas exenciones como la tasa a las tragaperras”.

El Gobierno regional rechaza establecer protocolos de urgencia para la evaluación del grado de dependencia para las personas vulnerables

La portavoz de Podemos, María Marín, lamenta que PP, Ciudadanos y Vox hayan rechazado la moción de la formación morada para reducir “una demora de más de un año entre que se inician los trámites hasta que la Consejería de Política Social empieza a pagar”, lo que causó que 1.095 personas muriesen sin recibir estas ayudas en 2020

El rodillo del Partido Popular y los diputados tránsfugas ha impedido esta mañana que la Asamblea Regional diese luz verde a una moción de Podemos en la que se pedía regular un procedimiento de urgencia para la evaluación del grado de dependencia para las personas más vulnerables. La propuesta defendida por la portavoz morada, María Marín, hubiese supuesto acabar con el cuello de botella burocrático que retrasa el cobro de las ayudas de dependencia a personas que tienen derecho a recibirlas. La diputada ha denunciado que el tiempo de espera desde que alguien solicita en la Región de Murcia una evaluación de su grado de dependencia hasta que es evaluada “ya es de entre 7 y 8 meses”, a los que hay que sumar los seis meses que transcurren de media desde esta evaluación hasta poder recibir una prestación económica o un servicio de atención. En total, “más de un año esperando desde el primer grito de auxilio”, algo que para la portavoz supone “una vergüenza” que afecta además “a muchas personas mayores que trabajaron y cotizaron toda su vida para recibir al final de su vida un trato digno” y porque “castiga a los más débiles”.

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Marín ha repasado los datos desde la tribuna para defender que el retraso en las ayudas “tiene otra consecuencia añadida, innegable y rotunda”. La diputada ha asegurado que  677 personas murieron en 2020 a la espera de resolución de grado, a las que hay que añadir otras 418 “tenían ya su grado reconocido, pero no llegaron a recibir su prestación”, lo que supone 1.095 personas fallecidas “sin que la administración abonase unas ayudas a las que tenían pleno derecho según la ley”. Además, la portavoz de Podemos ha augurado que en 2021 este dato se incrementará, ya que en los primeros siete meses del año fallecieron en la Región de Murcia 886 personas en listas de espera, 530 pendientes de valorar y 356 esperando a recibir una prestación a la que tenían derecho. De mantenerse la tendencia, 2021 acabaría, según Marín, “con más de 1.500 personas dependientes abandonadas a su suerte”.

Para la diputada, estos datos son el resultado de una planificación que “parece más pensada para boicotear los derechos y prestaciones reconocidas por la Ley de Dependencia, que para ayudar a la gente que lo necesita”. Marín ha señalado que el sistema de valoración de grado “se ha convertido en un cuello de botella, una verja que impide el acceso a una atención digna, en lugar de favorecerla”. Además, ha recordado que la Región de Murcia es la quinta comunidad autónoma que menos recursos destina a la atención a personas en situación de dependencia, 6.681 euros  por beneficiario al año en 2020, frente a los más de 12.000 del País Vasco, los 11.695 de los extremeños o los 9.024 euros por beneficiario del Principado de Asturias.

Ante esta situación, Podemos ha reclamado en la moción más fondos para dependencia, en la misma línea de lo que está haciendo el Gobierno de España, que ha aumentado la partida para 2022 en más de 600 millones de euros. El Gobierno regional, sin embargo, redujo los fondos destinados a dependencia en los presupuestos de 2021, a pesar de que tal y como insiste Marín “más de mil personas morían antes de llegar a cobrar ninguna ayuda por parte de la Consejería de Política Social”. Además, la moción establecía la necesidad de contar con “un marco normativo más amplio y con el rango adecuado para garantizar que los derechos reconocidos por las leyes se cumplen”, lo que vendría también “acompañado por un aumento del personal destinado a la valoración de la dependencia para atender estas situaciones de extrema urgencia”.

Marín ha lamentado que el Gobierno regional “se niegue a aprobar una moción cuyo único objetivo es el de garantizar que los murcianos y murcianas que más lo necesitan puedan acceder a la ayuda que les permite vivir con dignidad”, y ha recordado que “hablamos de ancianos y ancianas o de personas con problemas graves de movilidad, en muchas ocasiones en entornos económicamente vulnerables y que tienen derecho a ser respetados, atendidos y apoyados por la administración”. “López Miras debería mirar a los ojos de las familias que han visto morir a sus seres queridos después de que su gobierno retrase las ayudas económicas o servicios básicos a los que tenían derecho y explicarles por qué se niega a poner soluciones a esta situación, cuando son más que factibles y realizables”, ha reclamado la portavoz de Podemos.

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