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La imputación de treinta y ocho empresarios del agronegocio y de los principales responsables políticos de la Consejería de Agricultura y de la Confederación Hidrográfica del Segura en el marco del caso Topillo, es “un paso más” en la investigación sobre los vertidos ilegales que han llevado al Mar Menor a su actual estado de colapso. La portavoz regional de Podemos, María Marín, ha señalado que se trata de un proceso en el que están inmersos tanto responsables del PSOE, como Rosario Quesada y Manuel Aldeguer, como del Partido Popular, en el caso del consejero Cerdá, además de poderosos empresarios del sector.

Marín ha destacado que la investigación del caso Topillo “está destapando algo que ya intuye toda la sociedad de la Región de Murcia”, como es la “colaboración entre multinacionales sin rostro ni escrúpulos que han ganado miles de millones de euros a costa de la destrucción del Mar Menor y de políticos que han dejado hacer, escondiendo expedientes en cajones o deshaciéndose de los inspectores dedicados a esta materia”. La diputada ha recordado que durante años, la Consejería de Agricultura no ha iniciado ningún proceso sancionador o tan siquiera ha obligado a desmantelar cultivo ilegal alguno.

Además, Marín se ha mostrado convencida de que las imputaciones de Cerdá y de los responsables de la CHS “permiten intuir” que en una segunda pieza del caso Topillo también serán llamados ante la justicia los actuales dirigentes de la Consejería, como Antonio Luengo, y de la Confederación. La diputada ha demandado que la investigación “llegue hasta donde tenga que llegar” para acabar con la impunidad de quienes han destrozado la mayor laguna salada de Europa. “Sólo de esta forma habrá una solución para el Mar Menor”, ha concluido la diputada.

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