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El Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores de Enseñanza de la Región de Murcia, STERM Intersindical, rechaza las medidas que anunció el Gobierno del Estado este martes 28 de abril para la desescalada del Estado de Alarma en el ámbito educativo.

Este Plan para la Transición hacia una nueva normalidad prevé que en la segunda fase de la desescalada se abran las aulas de Educación Infantil (niñas y niños menores de 6 años) para que sean atendidos en los casos en los que sus progenitores tengan que trabajar y dicha actividad laboral no pueda sustituirse por teletrabajo. Con carácter voluntario para el alumnado, se reanudará la actividad presencial en los centros en los niveles de 4º de ESO, 2º de Bachillerato, 2º de FP de grado Medio y Superior y último año de Enseñanzas de Régimen Especial (Conservatorios, EOI, Artes, etc.). También con carácter voluntario para el alumnado, se abrirán los centros de Educación Especial.

Desde STERM-i valoramos negativamente estas medidas que traen consigo importantes interrogantes desde el punto de vista organizativo y sanitario. Por un lado, es imposible conjugar, con las actuales plantillas docentes, seguir atendiendo mediante el teletrabajo a la mayoría del alumnado, y, a la vez, acudir a los centros educativos para atender presencialmente al resto en los niveles y etapas que ha fijado el Gobierno. Por otro lado, desde el punto de vista sanitario, la preocupación es enorme pensando en la posibilidad de que colegios e institutos se puedan convertir en focos de infección, y docentes, personal de administración y servicios, y alumnado, en vectores de transmisión de la enfermedad.

Otra cuestión no menos importante que plantea este Plan de Transición a la Nueva Realidad es la propuesta del Gobierno de convertir las aulas de Educación Infantil en simples guarderías para facilitar la conciliación laboral de las familias en las que ambos progenitores trabajen fuera de casa. Rechazamos esta visión de esta etapa, tan educativa como las del resto del sistema y a la que se confiere, incomprensiblemente, una función social que no le corresponde.

En cualquier caso, la implementación de estas medidas promovidas por el Gobierno central, solamente serán posibles si se dan tres circunstancias:

1. Que se inicie de manera inmediata un diálogo estrecho y activo por parte de la Consejería de Educación con la comunidad educativa, especialmente con el profesorado, para negociar la aplicación de todas las medidas sanitarias y organizativas necesarias. Unas medidas que deben contar necesariamente con la voz del profesorado para asegurar que se ajustan a la realidad y que, por lo tanto, garantizan tanto las medidas higiénicas como una educación inclusiva. Desde el sindicato recuerdan que la normativa legal obliga a la Consejería de Educación a negociar todo lo que afecte, directa o indirectamente, a las condiciones laborales de las trabajadoras y trabajadores de la enseñanza, y pide por ello que se abran procesos de negociación reales.

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2. Que se extremen en los centros educativos las medidas higiénicas: desinfección diaria de todas las dependencias, provisión de equipos de protección individual tanto para el alumnado como para el  profesorado y personal de administración y servicios, aplicación de todas las medidas organizativas necesarias (ratios, horarios de incorporación y salida, pantallas de separación, etc) para asegurar el distanciamiento interpersonal de todas las personas que van a acudir a los centros educativos.

3. Que se produzca un incremento en las contrataciones de personal docente para que se pueda compatibilizar el trabajo presencial en el centro educativo con el teletrabajo, adaptando este refuerzo a las nuevas necesidades organizativas de cada centro.

Como reflexión final, queremos dejar claro que estas medidas propuestas por el Gobierno central suponen un enorme esfuerzo organizativo y sanitario para que una parte minoritaria del alumnado vuelva a las aulas durante apenas unas semanas tras meses de confinamiento. Por lo tanto, creemos necesario que toda la energía de la Consejería de Educación, en estrecho contacto con las organizaciones sindicales y con marcos estables de diálogo entre las partes, se debería centrar en establecer las medidas necesarias para comenzar el próximo curso y mitigar los efectos negativos del COVID-19 en el ámbito educativo.

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