Imagen de un aula con estudiantes
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En junio de 2020 se publicaba en el BOE un Real Decreto que regulaba el reparto del Fondo COVID-19 entre las Comunidades Autónomas. De ese fondo, 2000 millones de euros serían para educación. Poco después, en septiembre, el BOE publicaba que a la Región Murciana le correspondían 73’8 millones de euros que se harían efectivos de inmediato. El 80% (59 millones de euros) de esa cantidad iría destinado a educación no universitaria de 0 a 16 años y el 20% (14’8 millones de euros) restante a educación superior. Además, durante el curso 20-21 se han recibido más de 3 millones de euros para el Programa #PROA+ (20-21) destinado a paliar la situación de emergencia educativa entre el alumnado más desfavorecido y 5,6 millones de euros para el programa Educa en digital.

De todo este dinero no sabemos cuánto, cómo ni en qué se ha gastado. Los únicos datos que tenemos son algunas declaraciones a prensa de la Consejería de Educación en la que aseguran que se han invertido 28,8 de los 73,8 millones de euros enviados desde el Gobierno del Estado en contratar profesorado. El resto, según declaraciones a prensa, se ha destinado a limpieza, adaptación de los centros a las medidas requeridas por el COVID-19 y digitalización de las aulas.

La consejería de Educación no ha justificado ni un solo euro del presupuesto. Todo está envuelto en un halo de opacidad y una actitud permanente de ignorar las peticiones de partidos políticos, sindicatos y sociedad civil que reclama transparencia y que la financiación llegue a las aulas de una manera útil y práctica para el profesorado.

Hace unos días se publicó en el BOE cómo será el reparto de los nuevos fondos que enviará el Gobierno Central durante este curso y no sabemos cómo se va a gastar ese dinero, quizá no lo sepa ni la propia Consejería de Educación porque no nos consta que se haya hecho un estudio de las necesidades de los centros. Sabemos que a Murcia llegarán cerca de 7 millones de euros para el alumnado vulnerable, más de 36 millones de euros para la digitalización del sistema educativo, 15 millones más dentro del plan PROA y 10 millones de euros para la mejora de la competencia digital tanto de profesorado como del alumnado. Nos llega una lluvia de millones para educación y ni sabemos en lo que se ha gastado lo que ya ha llegado ni en qué ni cómo se va a gastar lo que está por venir.

José Manuel Fernández, coportavoz de STERM Intersindical, insiste en que “queremos saber cómo se gastan los recursos públicos y por eso hemos lanzado la campaña #DóndeEstáElDinero. Queremos transparencia, información clara y precisa en tiempo y forma. Tenemos el derecho y el deber de fiscalizar las partidas económicas destinadas a educación y de reclamar nuestro derecho a la información que la Consejería de Educación debería aportar de inmediato, de forma clara y accesible. Queremos saber #DóndeEstáElDinero”.

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