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Carpe Diem

Lo que conocemos de momento sobre las recomendaciones acordadas en el Pacto de Toledo representa una piedra en el futuro de los trabajadores, una piedra que debería ser “de toque” para comenzar las movilizaciones en contra, antes de que se conviertan en ley tras su paso por las Cortes, y en ello deberían ponerse de inmediato los sindicatos y los propios trabajadores.

Recordemos, en primer lugar, que el PdT está compuesto únicamente por diputados pertenecientes a partidos políticos con representación parlamentaria en las proporciones en el Congreso, y no siempre las recomendaciones se corresponden con la voluntad de los partidos  en el Gobierno.

Sin querer obviar los beneficios que propone el Pacto de Toledo (incrementos de pensiones al IPC aunque NI BLINDADAS EN LA CONSTITUCIÓN NI POR LEY, recuperación paulatina de la “hucha” de las pensiones, transferencias del Estado en lugar de préstamos, dedicación de las cotizaciones únicamente a prestaciones contributivas, propuesta de mejora de las pensiones más bajas aunque sin mencionar la equiparación al SMI, equiparación progresiva del régimen de autónomos –RETA– con el Régimen General, incentivos al empleo de mayores de 55 años, de personas con discapacidad y de colectivos en exclusión social, la “carta naranja”, la lucha contra la brecha de género [sin aportar fórmulas de reducción] o contra el fraude entre otros), creemos que otras recomendaciones son regresivas para los trabajadores:

Traspaso de instalaciones de la Seguridad Social al Estado y a las CCAA. Se propone esta operación para la eliminación de la supuesta deuda de la SS con el Estado, habiendo demostrado el Tribunal de Cuentas que es falsa. La SS quedaría, pues, sin patrimonio de respaldo.

Modificación del Art. 109 del TRLGSS. Se recomienda esta modificación, innecesaria, para asumir por parte del Estado los gastos impropios de la SS, cuando precisamente este artículo obliga a que los PGE hagan las aportaciones que sean necesarias al SPP, algo incumplido reiteradamente al corregir los falsos déficits mediante préstamos en lugar de transferencias directas.

Cálculo de la pensión. Se mantienen los 15 años mínimos de cotización para acceder a una pensión, y los 25 a partir de 2022 como período de cálculo, contemplando la evaluación de una progresiva ampliación del período cotizado necesario para acceder a la pensión máxima, y se recomienda contemplar la posibilidad de elección de los años más favorables.

Edad de jubilación. El PdT propone fomentar con mejores incentivos la permanencia de trabajadores en activo y favorecer la prolongación voluntaria más allá de la edad legal. La jubilación anticipada quedaría “reservada”, de reformar el sistema, para trabajadores con largas carreras profesionales (+ de 40 años cotizados), con jubilación forzada (JAI) o para determinados sectores. Posiblemente, para el resto se mantendrán o agravarán las penalizaciones, que pueden llegar hasta un 28% de forma vitalicia.

Viudedad y orfandad. El PdT propone reformas ante los cambios sociales de los últimos años, condicionando la percepción de la viudedad a disponer de otros ingresos, al número de hijos o la edad. A cambio el PdT “insta” a mejorar la protección a viudos con 65 o más años sin otros recursos mediante incrementos de la base reguladora (con cargo a los PGE), y a mejorar las cuantías y edad máxima de pensiones de orfandad.

Por último, el PdT pide analizar “la eficacia protectora de aquellas manifestaciones de las prestaciones de muerte y supervivencia establecidas cuando no existían prestaciones no contributivas, de modo que se libere al sistema contributivo de coberturas que deben tener su acomodo en los niveles no contributivos o asistenciales” (sic). ¿Se refieren a familiares a cargo, viudos, huérfanos? Eso parece.

Planes privados de empresa. Se recomienda fomentar los planes de pensiones de empresa (“previsión social complementaria”), similares a las EPSV del País Vasco o al sistema complementario inglés, trasvasando parte de los beneficios fiscales de las pensiones privadas individuales a esta PSC. Se acordará la implementación mediante el Convenio Colectivo que corresponda, por lo que sólo beneficiará a un sector de los trabajadores sobre todo de la gran empresa, a las propias empresas por las rebajas de impuestos que les reportarán y a los gestores de esas PSCs: los Sindicatos mayoritarios, Bancos y Mutuas. Significarían, además, la puerta de entrada progresiva de las pensiones privadas a cambio de las públicas, e incluso la “cuña” de la mochila austríaca.

Conclusión

El PdT ha emitido una serie de recomendaciones encaminadas a asegurar la estructura del Sistema Público de Pensiones por medio de la eliminación del déficit, del cambio de préstamos por transferencias de acuerdo con el art. 109 del TRLGSS (¿para después modificarlo? ¿con qué fin?), y del traspaso de gastos impropios a los Presupuestos Generales del Estado.

Para los pensionistas, ante nuestra presión con movilizaciones continuas y persistentes y la imposibilidad para tomar decisiones personales de cambios a futuro, el Pacto de Toledo ha recomendado mantener las condiciones en general, salvo tibias peticiones de mejora para algunos casos de viudedad (aunque abre la puerta a tratarlas como no contributivas), orfandad y las pensiones más bajas (sin alcanzar ni de lejos los 1.084€) y sin garantizar los incrementos al IPC por ley. En la práctica ha derogado, sin hacerlo expresamente, algunos aspectos de la reforma de pensiones de 2013 del PP (0,25% y factor de sostenibilidad).

Sin embargo el PdT ha mantenido y endurecido los perjuicios para los trabajadores en activo, que comenzaron en la reforma de pensiones de 2011 con el presidente Zapatero, apoyada por CCOO y UGT. El aumento de años de cotización de 15 a 25 junto al retraso en la edad de jubilación a los 67 años ya suponen, por sí solos, una rebaja de las futuras pensiones de jubilación de alrededor del 20-25%. En caso de ampliar los años de cotización a toda la vida laboral, la caída de pensiones podría llegar a más del 35%, según los casos.

La introducción de los planes privados de empresa representa un peligro de privatización a medio y largo plazo para el Sistema Público de Pensiones por lo que supone de abandono de su carácter público, solidario, intergeneracional e interterritorial, aunque de inicio solo sea de forma parcial, a cambio de un sistema privado, insolidario, elitista e individual, características siempre defendidas por las capas privilegiadas de la sociedad, por los perceptores de salarios altos, directivos, bancos, aseguradoras y por sus dueños, los fondos buitres, amén de sus econopredicadores televisivos, cuyo objetivo es que las pensiones públicas queden como asistenciales al cabo de un tiempo.

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