Imagen de archivo del vertedero de El Gorguel
Imagen de archivo del vertedero de El Gorguel

Unidas Podemos IU Equo ha señalado directamente al Gobierno Local de Cartagena por “cómplice de FCC” y “partícipe de la gigantesca y vergonzosa estrategia de encubrimiento” que se está “orquestando para minimizar las numerosas y gravísimas irregularidades cometidas por la empresa” que lleva la concesión del servicio de limpieza viaria y recogida, selección y tratamiento de residuos en Cartagena.

En un comunicado de la coalición, Leli García, portavoz en el Ayuntamiento, ha denunciado que el Ejecutivo Local se niega a comunicar a la Dirección General de Medio Ambiente de la CARM “las muchas y graves infracciones medioambientales denunciadas por el anterior director del contrato”, quien pidió explícitamente en varios informes que se pusiera en conocimiento de los organismos regionales en hechos tales como:

1)     El desguace de camiones en una parcela de propiedad municipal no habilitada para esas operaciones (la de Torreciega), suponiendo además un riesgo de contaminación de suelos al tratarse de residuos peligrosos.

2)   El despiece de dichos vehículos sin autorización ambiental y conocimiento del Ayuntamiento, pese a que eran vehículos de su propiedad.

3)   El estacionamiento de camiones cargados de residuos en la nave de Torreciega cuyas instalaciones estaban destinadas a cocheras.

4)   La falta de autorización ambiental y licencia municipal de actividad para el uso de esas instalaciones, en la que han tenido lugar diversos accidentes, como el incendio de un camión recolector en marzo de 2019.

5)   El uso por parte de FCC, cuando llevaba el contrato de jardines, de camiones propiedad de LHICARSA que presuntamente transportaban residuos sin autorización e incumplían asimismo la normativa sectorial de residuos.

6)   Irregularidades y presunto incumplimiento de la legislación en materia de residuos respecto de la recogida del vidrio.

7)   Irregularidades en la recogida de los animales muertos en la vía pública.

8)   La falta de medidas compensatorias para reparar los daños medioambientales ocasionados al ocupar FCC irregularmente cuatro hectáreas protegidas de la Sierra de la Fausilla.

Leli García ha continuado explicando que el Gobierno “ha considerado probado todos estos hechos, al desestimar las alegaciones de la empresa y darle una y otra vez la razón a los técnicos municipales”, de modo que “no se entiende por qué no sigue expresamente sus recomendaciones para dar traslado de todo ello a la CARM”.

La edil, asimismo, ha recordado que son los funcionarios quienes alertan de la vulneración de varias leyes y normativa ambiental, como es el caso del Real Decreto 20/2017, de 20 de enero, o la Ley 22/2011, de 28 de julio, de Residuos y Suelos Contaminados. Además, ha insistido la edil, muchas de las infracciones descritas son tipificadas como “graves” y acarrearían multas de hasta 45.000 euros, inhabilitación por un período inferior a un año para el ejercicio de las actividades previstas en la Ley 22/2011 y la revocación de la autorización o suspensión de la misma por un período de tiempo de hasta un año”.

García ha seguido afirmando que es justamente “la gravedad de los hechos y las presumibles sanciones que estos acarrean”, lo que explica que el Gobierno quiera “dar carpetazo al asunto cuanto antes”.

En este sentido, desde la coalición han calificado la actitud del Gobierno de “cómplice y encubridora”, ya que incluye “grandes titulares en prensa sobre el supuesto control y la mano dura con FCC” pero en la práctica se trata de lo contrario: “Se sacan de encima a los funcionarios municipales que controlan de verdad, rebajan multas para llegar a cantidades ridículas, no exigen el pago de todas las tasas municipales, no cuantifican la totalidad de los daños causados por el incumplimiento sistemático del contrato, no piden la devolución de los ingresos percibidos indebidamente ni investigan la posible comisión de delitos fiscales y medioambientales”.

Finalmente, desde la coalición confirman que han recibido en las oficinas de su grupo una carta anónima, “presuntamente elaborada por trabajadores de LHICARSA”, que “relata con gran precisión innumerables irregularidades más, propias de una trama en toda regla”, “hechos que no sorprenden a nadie”, que vienen a añadirse a los ya denunciados por el anterior Director del Contrato y “que traslucen el modus operandis” de una concesionaria que no solo maltrata a sus propios trabajadores sino que además se jacta de haberse adueñado de Cartagena”.

En este sentido, García ha concluido asegurando que su grupo profundizará en el contenido de la denuncia, exigiendo la investigación de cada una de las irregularidades que allí se detallan, “tal como lo vienen haciendo hasta ahora”.

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