Tras reunirse con algunas de las trabajadoras que forman parte del Comité de Empresa de la concesionaria de la limpieza de los colegios en Cartagena, la multinacional FCC, el grupo municipal de Unidas Podemos IU Equo denuncia que el Gobierno del Ayuntamiento “no ha controlado que el refuerzo de la limpieza y desinfección de los colegios para garantizar una vuelta y estancia en el cole seguras, se haya realizado a costa de deteriorar aún más las precarias condiciones de trabajo del personal, en su mayoría mujeres, de la limpieza”.

En palabras de las trabajadoras, “antes parecía que éramos invisibles y ahora resulta que somos personal esencial y nuestro trabajo es imprescindible”. Sin embargo, abandonar el anonimato con el que realizaban su labor para recordar lo esencial de sus funciones “no ha venido acompañado de las mejoras que se merecen y la dignificación de su trabajo”. 

Aroha Nicolás, concejala de la coalición ha querido remarcar que “las poco reconocidas pero importantes tareas para la salud que realizan habitualmente las trabajadoras se han incrementado para garantizar el cumplimiento de las medidas higiénico-sanitarias para hacer frente al COVID-19”. Sobreesfuerzo que está realizando, dice, “la ya escasa plantilla de los más de 50 colegios y escuelas infantiles públicas del municipio cobran sueldos de miseria que van desde los 350 a los 600 euros al mes y no cuentan ningún plus de peligrosidad a pesar de manipular productos tóxicos”. 

Las consecuencias de la pandemia “han generado una mayor injusticia a este colectivo”, afirma la concejala y denuncia que la empresa estaría “obligando” a las trabajadoras a la “devolución” de horas debidas por el confinamiento domiciliario y cierre de centros durante el estado de alarma, “sin que estas horas se tengan en cuenta en nómina como ampliación de contrato por el tiempo que dure esta situación. Además, no han sido asignadas las horas de jubilaciones ordinarias al personal a jornada parcial con el objetivo de mejorar los contratos laborales, mejorar los salarios y mejorar las pensiones de las trabajadoras”.

Pero, según advierte la edil, no acaban aquí las “irregularidades” de este servicio durante la pandemia.  “Las trabajadoras no cuentan con los EPIs necesarios cuando tienen que desinfectar espacios utilizados por casos COVID y la única protección que les ofrece la empresa, siempre y cuando la soliciten, son dos mascarillas”. Asimismo, denuncia que “a estas trabajadoras no se les han hecho ningún test serológico de anticuerpos COVID-19 como sí que se le ha hecho al colectivo docente que desarrolla su jornada laboral en el mismo centro de trabajo, ni se les ha informado de ningún tipo de protocolo de limpieza COVID, con el consecuente riesgo que ello conlleva para toda la comunidad educativa”.

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