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Lun. Mar 30th, 2020
Pilar Marcos en la sala de prensa del Ayuntamiento

Pilar Marcos en la sala de prensa del Ayuntamiento

Unidas Podemos IU Equo pide una comisión de investigación para depurar las responsabilidades urbanísticas

Califican de cinismo y bofetada en la cara que el propio Ayuntamiento haya costeado con fondos públicos los abogados y otros gastos jurídicos de la defensa de los responsables de urbanismo en el caso del Cuartel de la Guardia Civil de La Azohía, ya que se obliga al pueblo de Cartagena a pagar por duplicado los desmanes cometidos por otros.


La coalición exige que, siguiendo el criterio del Interventor municipal, se ponga en marcha una investigación exhaustiva respecto de todas las irregularidades en materia de urbanismo, presidida por un representante de la Oposición y que dilucide cuánto dinero se ha abonado hasta la fecha, cuánto queda por pagar, por qué razones se ha actuado mal, quiénes son los responsables del desfalco y qué medidas se adoptarán en cada caso.

Tras conocerse que el Ayuntamiento de Cartagena ha costeado por decreto la defensa privada de la cúpula de Urbanismo en el caso del Cuartel de la Guardia Civil de La Azohía, desde Unidas Podemos IU Equo han calificado la decisión como una “auténtica bofetada en la cara al pueblo de Cartagena, que primero es obligado a pagar 4,5 millones de euros por la sentencia en sí, y luego de tremendo desfalco, además costea la defensa privada los responsables de esa chapuza”.

Pilar Marcos, portavoz del grupo municipal, ha adelantado que su grupo exigirá en Pleno que el Gobierno Local adopte las medidas que correspondan, y que tras las comprobaciones oportunas, proceda a reclamar las cantidades abonadas de manera indebida: “El Ayuntamiento tiene sus propios servicios jurídicos. No entendemos por qué razón hay que pagar defensas privadas, y mucho menos entendemos que se haga para exculpar a los responsables de casos urbanísticos tan sangrantes como este, que han supuesto 4,5 millones de euros para la Hacienda municipal, unos millones por indemnizaciones de los que absolutamente nadie se ha hecho responsable”.

Asimismo, desde la coalición han subrayado que las investigaciones encargadas por el Gobierno sobre las irregularidades urbanísticas son absolutamente insuficientes, que constituyen un paripé de última hora, que están destinadas a encubrir más que a clarificar y que se hacen como reacción improvisada para no aceptar la propuesta de su grupo municipal. Prueba de ello es que la Alcaldesa ya ha adelantado en Pleno que no piensa cesar a la cúpula de Urbanismo cuando aún no se conocen los resultados de la investigación, ya que ni siquiera se ha puesto en marcha. En este sentido, la coalición demanda una auténtica Comisión de Investigación, presidida por un concejal de la oposición y que (además de todos los grupos políticos y funcionarios) cuente con la presencia del Interventor municipal, que también ha pedido formalmente que se depuren responsabilidades por los mil y uno desmanes urbanísticos en Cartagena.

La portavoz de Unidas Podemos IU Equo ha exigido que se termine con la impunidad absoluta que reina en Cartagena: “El pueblo de Cartagena quiere saber cuánto dinero han costado los desmanes urbanísticos perpetrados en tiempos de Pilar Barreiro y quiénes son sus responsables técnicos y políticos, ya que algunos de ellos siguen al frente de Urbanismo. Para ello es que demandamos una relación de todas sentencias judiciales adversas, indemnizaciones y acuerdos extrajudiciales en materia de urbanismo, que se expliquen las causas jurídicas y técnicas por las que las arcas públicas han salido perjudicadas en cada uno de ellos, que se aporte una estimación acerca de futuros casos y, por último y lo más importante, que el Gobierno depure las responsabilidades que correspondan, llevando incluso toda la documentación directamente a los Juzgados.”

El solar del antiguo Cuartel de la Guardia Civil en La Azohía, las expropiaciones ilegales realizadas por Casco Antiguo, el Plan Parcial El Vivero de La Manga, el Residencial Buenos Aires, la escalera protegida en la Plaza Castellini, las obras de reforma de la Avenida de América y las obras de acceso a Barrio Peral desde la plaza Severo Ochoa… El grupo municipal ha finalizado explicando que, a la vista de la somera enumeración, queda claro que no se trata de casos aislados, que hay un auténtico modus operandi tras ellos.

Resulta indignante, afirman, no sólo la impunidad con la que se cometen ilegalidades y se saquean las arcas públicas, sino además que el Gobierno Local se excuse en que no hay nada de qué preocuparse pues ya se ha pagado más del 80% de esas indemnizaciones: “Aquí no se trata de si se ha pagado más o menos, sino de que paguen de verdad los responsables, los verdaderos culpables de que más de 32 millones de euros del pueblo de Cartagena hayan ido a parar a propietarios privados y a constructores en lugar de destinarse a solucionar los muchos problemas y necesidades que hay en el municipio”.

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