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La portavoz de la coalición de Unidas Podemos IU Equo en el Ayuntamiento de Cartagena se ha reunido con Antonio Navarro Selfa, decano del Colegio de Abogados de Cartagena, para conocer de primera mano su valoración sobre el ofrecimiento al Ministerio de Justicia de una parcela frente al Hospital Santa Lucía para la construcción de la Ciudad de la Justicia, proyecto para el que el Gobierno de coalición ha dotado de un presupuesto plurianual hasta 2023 de más de 17 millones de euros.

García Muñoz afirma compartir con los expertos, “y así lo solicitaremos en el próximo Pleno municipal”, la necesidad de que la comunicación de la disposición de la parcela municipal para la construcción de la Ciudad de la Justicia al Ministerio se realice a la mayor brevedad posible para que se valore su idoneidad, y que además vaya acompañada de la petición de un calendario claro de actuaciones y de la presentación de proyectos, tanto del complejo como de todas las infraestructuras necesarias para comunicar las instalaciones con el resto de la ciudad, de manera que cuente con servicios óptimos para su buen funcionamiento. “No se trata de la construcción de un edificio de oficinas aislado, sino de diseñar un proyecto que integre la futura Ciudad de la Justicia en el municipio y sea accesible para toda la ciudadanía”

Durante la conversación con el Decano, volvieron a surgir las innumerables deficiencias existentes que, según la edil, “nos obligan a buscar una solución transitoria para la implementación de los órganos judiciales necesarios en Cartagena desde hace años, porque la presión se verá incrementada con la pandemia y los expertos advierten de una avalancha de casos que dentro de pocos meses colapsaría el sistema. Hablamos de juzgados de lo Mercantil, Laboral, Civil…”  El Partido Judicial de Cartagena se ha quedado a la saga de otras poblaciones como Elche o Gijón que con similar población han visto cómo sus juzgados crecían según sus necesidades, “mientras nosotras seguimos sometidas a una insoportable discriminación”.

Insisten en que el Ministerio debe asumir sus responsabilidades en materia de justicia y el Ayuntamiento tiene que “arrimar el hombro y trabajar de forma activa en la búsqueda de soluciones para que la justicia sea rápida, ágil y cercana”.

Para lograrlo, proponen al Gobierno local que aproveche la buena disposición del Colegio de Abogados de Cartagena e “inicie la negociación de convenios de colaboración para la implantación de oficinas de mediación y puntos de información a la ciudadanía sobre los recursos que tienen a su disposición, como lo es la asistencia jurídica gratuita para quienes carecen de recursos, así como el asesoramiento financiado por el Ministerio para los conflictos laborales provocados por las medidas tomadas durante la pandemia en caso de ERES, ERTES y demás”.

Por último, afirman que consideran importante la implicación del Ayuntamiento a través de los Servicios Sociales y todos los medios de comunicación de que dispone para llevar a cabo la difusión y divulgación de los recursos jurídicos disponibles para la ciudadanía.

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